El BOE publica el concurso de acreedores de Díaz Ferrán

Díaz Ferrán fue declarado en concurso necesario de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid el pasado 29 de noviembre. El empresario nombró entonces a dos administradores para controlar su patrimonio personal con el fin de hacer frente a las deudas de Viajes Marsans, según el auto dictado el pasado 22 de diciembre, al que tuvo acceso Europa Press.

El juez titular, Javier García Marrero, ha nombrado como administradores del patrimonio del empresario a la abogada Antonia Magdaleno Carmona -también administradora del concurso de Viajes Marsans- y al economista Luis Arqued Alsina.

El auto concluye que Díaz Ferrán está en quiebra ya que "el único bien del deudor que consta en las actuaciones es la vivienda" que el empresario tiene en el madrileño Parque Conde de Orgaz, cuyo valor "no cubre los embargos existentes".

Por ello, "se debe concluir que concurre el hecho revelador, ya que a la vista de las cantidades reclamadas no puede sostenerse que los créditos vayan a resultar satisfechos en los respectivos procedimientos de ejecución. Si a ello se une que el deudor no se ha opuesto, se debe proceder a la declaración del concurso necesario".

Los acreedores del empresario tendrán un plazo de un mes para presentar sus créditos al juzgado dentro de la fase común del concurso.

Esta decisión judicial llega después de que Díaz Ferrán no se opusiera a la solicitud de declaración de insolvencia presentada por Olympia Mediterránea, que mantiene una deuda de 1,1 millones de euros con Marsans avalada personalmente por el empresario.

La demanda fue admitida a trámite el pasado 22 de octubre y a ésta se sumó NH Hoteles, ya que tanto el empresario como su socio, Gonzalo Pascual, avalaron estas deudas con pagarés bancarios que aseguraban su obligación solidaria.

Díaz Ferrán no ha podido eludir ser declarado insolvente, dados los distintos embargos cautelares decretados sobre sus bienes y cuentas bancarias por varios juzgados para cubrir las deudas de Viajes Marsans y Air Comet, que ascienden a cerca de 417 millones de euros y 310 millones de euros, respectivamente.

Sin embargo, esta declaración de concurso paraliza las ejecuciones de embargo que todavía no se hayan llevado a cabo a pesar de haber sido dictadas por el juez, según establece el artículo 55 de la Ley Concursal. Los bienes ya embargados podrán continuar así hasta la presentación del convenio o hasta un año después de la declaración de concurso si no se ha dictado su liquidación. Los administradores tienen la facultad de decidir sobre el tiempo de embargo.