La Audiencia Provincial ordena a los minoritarios del 'caso Urbanor' devolver el dinero a 'Los Albertos'
La Sección 7 de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto por el que ordena la devolución a Alberto Cortina y Alberto Alcocer de los 50 millones de euros que depositaron en favor de sus socios minoritarios por las responsabilidades civiles en el 'caso Urbanor', según el auto de 23 de septiembre.
Esta decisión podría cerrar el conflicto de la devolución o no del dinero por la vía penal, sin embargo, y tal y como estableció el Tribunal Supremo, los tribunales civiles también tendrán que pronunciarse al respecto cuando resuelvan la demanda presentada por una parte de la familia del constructor Julio San Martín, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El mismo 23 de septiembre, la Sección 7 de la Audiencia Provincial dictó otro auto en el que reconoce que "se precipitó en su decisión" al ordenar la devolución del dinero en una providencia dictada el pasado 12 de mayo, un mes antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que acogió la absolución de 'Los Albertos' dictada por el Tribunal Constitucional en el mes de febrero.
"Esta sección, al dictar la providencia recurrida y a la vista del criterio del Tribunal Supremo, se precipitó en su decisión cuando en realidad debía haber esperado a que ese tribunal dictara la sentencia", explica el segundo auto.
La Audiencia Provincial reconoce que "erróneamente entendió que debía ejecutar el pronunciamiento absolutorio", y explica en sus razonamientos jurídicos que "se esté a la espera de lo que resuelva la jurisdicción civil en la demanda entablada por sus demandantes".
El auto estima íntegramente el recurso de súplica presentado por el arquitecto Pedro Santieri y parcialmente el de Paloma San Martín contra dicha providencia, que consideraron "prematura" y subordinada al pronunciamiento del Supremo, a la vez que informaron al Alto Tribunal.
La Audiencia Provincial de Madrid ordena ahora y ordenó el pasado 12 de mayo el inicio del trámite de devolución cancelando el aval de 24,5 millones de euros pagado por los empresarios en marzo de 1998 a sus demandantes.
Asimismo, solicita a los socios minoritarios la devolución de los 25 millones de euros pagados en concepto de intereses que el aval no cubría y que ordenó abonar la sentencia condenatoria por estafa dictada el 14 de marzo de 2003 por el Tribunal Supremo y que anuló el Constitucional.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó en su sentencia del pasado 25 de junio aplicar la doctrina de prescripción del delito del Constitucional y dejó abierta la vía civil para que los ex socios de 'los Albertos' presentaran reclamaciones.
Los accionistas minoritarios mantienen que el Constitucional otorgó un amparo "irregular", ya que sólo había anulado la condena relativa a pena de tres años y cuatro meses de cárcel y no se pronunció sobre posibles indemnizaciones.
Los autos de la Audiencia Provincial los dictó el tribunal formado por las magistradas María Luisa Aparicio Carril, Ana María Ferrer García y Ana Mercedes del Molino Romera.