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La Fiscalía Anticorrupción ha decidido recurrir el archivo decretado por dos juzgados en Móstoles y Alcobendas (Madrid), que investigaban un presunto delito fiscal del que había sido acusado, entre otros, el actual consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz.

En sendos escritos enviados a estos juzgados, la fiscal Carmen Launa se opone al archivo puesto que, a su juicio, 'omite cualquier referencia a los hechos instruidos, delitos imputados y personas responsables' por 'falta de tributación' de 1994 a 1997 y 'obtención de beneficio acreditada'. Anticorrupción se hizo cargo de esta investigación en la jurisdicción de Madrid y otros lugares de España (Vizcaya, Barcelona y Santander) por el presunto delito fiscal de 13 ex directivos de Banesto, al no tributar hasta 1998 por el 1% de acciones de este banco que recibieron en 1994.

Ahora, el ministerio fiscal pide también la práctica de una nueva prueba puesto que, según sus escritos, se han detectado 'irregularidades' en la tributación de Sáenz al ser 'sorprendente' que repartiese sus retribuciones entre él mismo y la sociedad Liborne (sociedad formada por él y sus hijos).

Hasta el momento se han archivado dos causas abiertas por esta operación en Alcobendas y Móstoles, contra Sáenz y el financiero Juan Carlos Rodríguez Cantarero. También son investigados otros 11 miembros del consejo de Banesto en 1994. Las diligencias se encuentran repartidas en cuatro provincias, vinculadas al lugar de residencia de cada uno de los directivos de Banesto en 1994.

Varios juzgados de estas provincias investigan desde hace cinco años una irregularidad tributaria ligada a 6,47 millones de acciones de Banesto que recibieron estos ex directivos, condicionadas al plan de viabilidad de Banesto intervenida en 1993.

La defensa de Sáenz siempre ha alegado que el banquero ha hecho frente a sus obligaciones fiscales. La investigación de este presunto delito comenzó en 1998 fruto de una inspección fiscal que dio lugar al procedimiento abierto en el Juzgado de Alcobendas, donde están personados como acusación Anticorrupción, Rafael Pérez Escolar, ex consejero condenado por el caso Banesto y la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes, vinculada a Pérez Escolar.