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Motor

Anfac cree que la flexibilidad laboral del sector permite al Gobierno un ahorro de 80 millones

Los planes de ayudas a la compra de automóviles y la flexibilidad laboral de las empresas instaladas en España tienen un impacto positivo en las arcas del Estado, según los cálculos de los fabricantes de automóviles. La patronal española, Anfac, aseguró ayer que ambos factores ahorran al Estado en prestaciones por desempleo casi 100 millones de euros.

La práctica totalidad de las plantas de fabricación han echado mano de las medidas de flexibilidad que tenían disponibles a través de la negociación colectiva para adecuar la producción a la menor demanda del mercado.

Este ajuste de la producción ha supuesto una disminución de horas trabajadas en 2008, de 5,2 millones de horas, concentradas en su mayor parte en el segundo semestre del año, de las que tres millones han correspondido a sistemas de flexibilidad internos de las empresas y el resto 2,2 millones a expedientes temporales.

De no ser por la aplicación de estos sistemas de flexibilidad pactados por empresas y trabajadores, el Estado debería haber hecho frente a unas 375.000 jornadas de desempleo, con un coste estimado de más de 14 millones.

Menos expedientes

Además, la moderación en la caída de las matriculaciones y en la producción, debido a los planes de incentivo puestos en marcha en Europa, incluido el español, ha permitido rebajar los trabajadores afectados por los expedientes en 20.000 personas aproximadamente desde el mes de mayo. Este descenso de las personas afectadas por los ERE temporales de los fabricantes ha supuesto un ahorro estimado para el Estado en prestaciones por desempleo no utilizadas en dicho período, de casi 82 millones. El presidente de Anfac, Francisco Javier García Sanz, aseguró recientemente que las ayudas, además, suponen un saldo positivo para Hacienda de unos 25 millones, y de otros 15 millones para las comunidades.

El Gobierno prorrogará las actuales ayudas del Plan 2000E hasta finales de 2009, y las extenderá a 2010 con unos requisitos que decidirá el Parlamento.

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