Almunia no logra convalidar el decreto de ayudas al carbón español
El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, se vio ayer obligado a retrasar sine díe el veredicto comunitario sobre el real decreto del Gobierno español que obliga a las eléctricas a consumir carbón nacional. La resistencia de otros comisarios frustró la intención de Almunia de aprobar la medida.
Almunia contaba con el aval del poderoso servicio jurídico de la Comisión Europea (CE), que considera el Real Decreto del Ministerio de Industria español compatible con la legislación comunitaria.
Pero la presión ejercida por las eléctricas y las gasísticas españolas, contrarias al plan de Miguel Sebastián para acabar con los excedentes de carbón, y la resistencia de varios departamentos comunitarios, han obligado al titular de Competencia a aplazar el veredicto sobre el polémico Real Decreto.
Fuentes comunitarias atribuyen al comisario de Energía, el alemán Günther Oettinger, el liderazgo del frenazo al decreto. Su departamento no considera justificado que España invoque la seguridad energética para liberarse, con un precio subvencionado, de los excedentes de carbón acumulados durante los últimos meses.
En el bando contrario, en cambio, se recuerda que la directiva europea sobre el mercado eléctrico permite la propuesta española. La directiva, elaborada en su día por el departamento de Oettinger, establece que "por motivos de seguridad del suministro, los Estados miembros podrán disponer que sea preferente la entrada en funcionamiento de las instalaciones generadoras que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas en una proporción que no supere, en el curso de un año civil, el 15% de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad que se consuma en el Estado miembro".
Helmut Brokelmann, abogado de Howrey, puntualiza, sin embargo, que "la CE no puede aplicar de manera automática ese artículo, sino que debe comprobar que se invoca de manera proporcionada y ajustada al Tratado de la UE".
El debate en el seno de la CE sobre ese punto ha alcanzado tal virulencia que, según las fuentes consultadas, ha acabado convirtiendo el expediente en un casus belli entre los propios comisarios, lo que rara vez ocurre con casos sobre ayudas de estado. Y otras carteras han entrado también en la batalla. La de Medio Ambiente, contraria a la prolongación de las ayudas al carbón. O la de Mercado Interior, que podría acusar a España de favorecer un producto local en detrimento de las importaciones comunitarias.
El debate ha colocado a Almunia en una posición delicada, porque la tesis defendida por su departamento, con el aval del servicio jurídico de la CE, coincide con los intereses del Gobierno de su país. Fuentes comunitarias aseguran que el análisis favorable al decreto se ha basado en argumentos legales, sin ninguna relación con el pasaporte del comisario de Competencia.
El departamento de Almunia, de hecho, forzó la modificación del decreto original, aprobado el pasado 12 de febrero para facilitar la entrada en el mercado eléctrico de la producción de las centrales térmicas alimentadas por carbón autóctono. En mayo, tras las objeciones de Bruselas, el Gobierno suprimió las llamadas ayudas a las víctimas de la ayuda. Es decir, las compensaciones que Madrid quería conceder a las compañías cuya producción se vería desplazada por la entrada del carbón. El cambio enfureció aún más al sector.
Los subsidios al sector hullero, hasta 2014
El comisario Almunia sí que logró ayer el respaldo unánime de la Comisión Europea para su propuesta de reglamento sobre ayudas estatales a la minería del carbón, aunque el texto sólo prevé la concesión de subsidios hasta octubre de 2014 y siempre a cambio de un plan para el cierre de las explotaciones no competitivas. "El camino a seguir es el de las energías renovables y limpias, pero no podemos ignorar las terribles consecuencias económicas y sociales a escala regional que tendría un cierre repentino de las minas deficitarias", señaló Joaquín Almunia, tras la aprobación del proyecto.El texto será negociado ahora por los 27 países de la UE, donde los países con yacimientos menos rentables (España, Alemania y Rumanía, según la CE) pugnarán probablemente por prolongar los subsidios.El reglamento atañe sólo a la extracción de hulla, un sector que da empleo en Europa a 42.000 personas y que en 2008 recibió 2.900 millones de euros en subvenciones (6.400 millones en 2003).La producción de hulla en Europa (147 millones de toneladas) sólo supone el 2,5% del total del planeta. En España, el carbón permite la producción del 25% de la electricidad consumida y en Alemania hasta el 40% (en ambos casos, la mitad con hulla).
La cifra
2 meses, a contar desde mayo, tenía la CE para validar o no el decreto sobre el carbón. Las discrepancias internas han obligado a parar el reloj.