ACS cifra en 4.000 millones el perjuicio económico por la pugna en Iberdrola
La pugna judicial entre ACS e Iberdrola abrió ayer la guerra de cifras sobre cuál de las de las dos empresas saldrá más damnificada antes de que se resuelva el asunto. En la vista celebrada en Bilbao, la constructora cifró en casi 4.000 millones lo perjuicios económicos de este litigio. Iberdrola, por su parte, los situó en 1.400.
El primer asalto judicial entre ACS e Iberdrola por el control de la eléctrica vasca vivió ayer su primera escenificación. En la vista celebrada en Bilbao, la compañía presidida por Florentino Pérez solicitó la suspensión de varios puntos aprobados por la junta de accionistas del pasado 26 de marzo, uno de los cuales supuso el desalojo del consejo de Iberdrola del representante de ACS por acuerdo mayoritario de la junta. La resolución sobre las cautelares se conocerá el lunes.
En la vista el número de abogados superaba al de representantes de los medios de comunicación y de público. En ellos se encontraba José Luis del Valle, secretario del consejo de administración del grupo de construcción y servicios. Tanto ACS como Iberdrola cerraron filas en sus planteamientos. Los abogados del bufete Clifford Chance, representante legal de ACS, se emplearon a fondo para defender la inexistencia de un conflicto de intereses con la eléctrica y que "de haberlo, es puramente accesorio y puntual". Exhibieron el derecho del principal accionista ACS controla el 12,6% para estar presente en su consejo a la vez que denunciaron que esta legitimidad "está siendo cercenada" por los ejecutivos del grupo vasco. A la vez, aseguraron que "nadie" es capaz de invertir 5.000 millones de euros "para luego perjudicar a la empresa Iberdrola".
En la exposición, basaron su defensa en que ambas compañías no son competencia directa. En este línea argumental esgrimieron que de la facturación del grupo constructor ligado a la energía "solo" el 1% de las ventas de ACS está ligado a la energía, frente al 91% de la firma liderada por Ignacio Sánchez Galán y que, en el área de ingeniería, esta cifra era del 42% y del 5%, respectivamente.
El día 12 se medirán de nuevo en un juzgado de Madrid
Los abogados de ACS desgranaron los perjuicios económicos que, a su juicio, se han producido por la imposibilidad de consolidar en sus cuentas, por el método de puesta en equivalencia, la inversión en Iberdrola. Así, cifraron en 800 millones el descenso de su patrimonio neto, en 1.130 millones la minoración de su capitalización bursátil, en 1.720 millones la capacidad de endeudamiento y en 97 millones menos el efecto en sus beneficios. En total, cerca de 4.000 millones.
Los letrados de Uría y Menéndez, asesores de Iberdrola en este litigio, centraron su discurso jurídico en que ACS había superado el plazo legal de 40 días para realizar la reclamación judicial. También, en que se había dado por finalizada la agrupación de acciones que le otorgaba el derecho para tener un represente.
Decisión de la junta
Donde pusieron un especial énfasis fue en que la destitución de José María Loizaga, designado consejero por ACS, la aprobó más del 81% del capital de la eléctrica. Esta decisión, aconsejada por los miembros de su máximo órgano de gobierno "por el interés social de los accionistas", no tiene discusión y está amparada en los artículos 131 y 132 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Sobre los posibles perjuicios ocasionados a ACS por su no presencia en el consejo de Iberdrola, los abogados de Uría y Menéndez se preguntaron por qué el grupo de construcción y servicios no había impugnado la junta de accionistas de 2009 cuando ya, en teoría, intentaban acceder al consejo esgrimiendo su posición accionarial del 12%. Añadieron que no ha lugar a la adopción de medidas cautelares porque no se dan los requisitos adecuados para ello, ni por ajustarse a derecho ni por un posible peligro de retraso que pudiera perjudicar a ACS o a terceros.
El próximo día 12 en Madrid ACS e Iberdrola se medirán de nuevo en el Juzgado Mercantil Número 1 de Madrid.
Un caballo de Troya en el órgano de gobierno
Los letrados de Iberdrola acudieron a la historia para asegurar que la posible presencia de un miembro de ACS en el consejo de administración de Iberdrola es como si "entrara un auténtico caballo de Troya en el santa santórum de la compañía". El representante de Uría y Menéndez aseguró que si accediera podría disponer de toda la información "estratégica de la compañía y de sus filiales" que, en un momento como el actual "podría ocasionar daños irreparables gravísimos". Esta argumentación fue rechazada por ACS, que señaló que su intención es "participar" en el éxito de la firma eléctrica, a la vez que recalcó la inexistencia de un conflicto de interés. Añadió que la actuación de los gestores de Iberdrola pretende "sembrar la duda" sobre ACS e impedir que pueda aumentar su participación en la empresa dirigida por Ignacio Sánchez Galán.
Concurrencia
ACS considera que no hay una competencia directa con Iberdrola y que sus negocios concurren de manera "accesoria y puntual". La eléctrica estima que la colisión se produce en los sectores de la energía y la ingeniería, donde han concentrado sus inversiones.