Más de un centenar de directivos de empresas públicas, fundaciones y organismos públicos (en este caso contratados laborales, pero no funcionarios) que fueron despedidos tras ser aprobada la reforma laboral en marzo han denunciado dicho despido en los tribunales de lo social. Según fuentes empresariales, se trata de unas 180 denuncias de exdirectivos de empresas de la SEPI, de Patrimonio, de la órbita del Ministerio Fomento y de otros organismos públicos que vieron prácticamente eliminada la indemnización que figuraba en sus contratos.
Según el Real Decreto 451/2012 que desarrollaba la disposición adicional octava del real decreto ley sobre la reforma laboral, las indemnizaciones de este tipo de directivos quedaba limitada, y con carácter retroactivo, a siete días por año trabajado, con un máximo de un año y un periodo de preaviso que pasaba de tres meses a 15 días por parte del organismo o la empresa contratante.
Posteriormente, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aprobó dos órdenes ministeriales comunicadas que desarrollaban dicho Decreto 451/2012. En ellas se clasificaban las distintas entidades públicas en tres niveles y fijaba para cada uno el número máximo de personas a contratar y su retribución. Aunque esta se reducía en casi un 30%, se compensaba con un fuerte incremento de los incentivos o complementos (hasta en un 60%).
La medida causó un profundo malestar entre los afectados, que lo consideraron una venganza del Gobierno del PP contra directivos supuestamente nombrados por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Pues una cuestión era rebajar los sueldos de los directivos que siguiesen en su puesto o incluso eliminar la indemnización de los funcionarios que retornasen a su destino y otra distinto eliminar prácticamente la indemnización del personal laboral que se iría a la calle.
Tres fallos contra el Gobierno
Y aunque el Gobierno de Rajoy lo justificó por la necesidad de ajuste de las cuentas públicas, lo cierto es que la inmensa mayoría de los afectados han presentado denuncias individuales ante los tribunales, que podrían prosperar. Por el momento, un juez ha fallado ya en favor de tres directivos de Sepides, sociedad de capital riesgo de la SEPI. Se trata del magistrado del juzgado de social número 30 de Madrid, José Ángel Folguera Crespo.
Estas sentencias han creado gran expectación entre el resto de los demandantes, aunque serán recurridas. La Abogacía del Estado ya dejó claro en su día que iría hasta el final. A principios de este año, y a instancias de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno solicitó a la SEPI y al resto de entidades públicas información sobre la retribución de los directivos (presidentes, directores general y cualquier miembro de los comités ejecutivos) y las posibles indemnizaciones que les corresponderían en caso de destitución. El Abogado del Estado fue consultado sobre la posibilidad de eliminar las indemnizaciones y se pidió a los directivos una renuncia voluntaria a un 30% de su retribución anual.
Cambio de contratos a los que mantienen su cargo
Más allá de la situación de los exdirectivos de empresas y organismos públicos que han denunciado las consecuencias de la reforma laboral en sus despidos, las entidades afectadas aún no han concluido el proceso de adaptación de los contratos del personal que continúan en su puesto. Según fuentes próximas al Gobierno, este proceso está más avanzado en el ámbito de la SEPI (de hecho, se ha completado en RTVE), pero está muy retrasado en otros organismos, como los reguladores sectoriales (Comisión de la Competencia, Comisión Nacional de la Energía (CNE), CNMV, etc.)
En el caso de los demandantes, la situación es variopinta: desde exdirectivos que no solo no han recibido la indemnización, sino tampoco la liquidación (hay quien denuncian casos de personas que sí han cobrado), hasta ejecutivos que, por tener contratos de tipo mercantil (que comenzó a aplicar el anterior Gobierno del Partido Popular y mantuvo el del PSOE) que no les ha dado derecho a cobrar ni siquiera la prestación por desempleo.
Aunque el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy accedió al poder en diciembre, los relevos de los equipos directivos de muchas empresas y organismos públicos (no se incluyen aquellos que tienen un mandato y son ratificados en el Parlamento, como los consejeros y presidentes de los reguladores) se demoraron más de lo esperado, sobre todo los segundos niveles. Muchos comprendieron después que el Gobierno esperó a aprobar la reforma laboral para despedir a decenas de directivos para "ahorrarse las indemnizaciones". Otros, con más suerte, como fue el caso de algunos presidentes que fueron relevados antes de marzo, se salvaron por la campana.
Las cifras
105.000 euros es el sueldo base anual que la reforma laboral fijó para los directivos públicos, lo que suponía una rebaja del 30%. Sin embargo, los complementos o incentivos aumentaron un 60%.
7 días por año trabajado es la indemnización que cobrarán.
