El Gobierno espera acabar el año con una deuda pública del 53% del PIB y ha puesto toda la carne en el asador para convencer de que va a reconducirla, al igual que el déficit, hasta niveles sostenibles, tanto para evitar una carga excesiva en el futuro como para garantizar la máxima valoración en los mercados financieros, con las ventajas que ello supone en términos de menor coste y de más fácil acceso a la financiación.

Con este propósito, José Luis Rodríguez Zapatero aprovechó ayer casi 10 horas de reunión con los 17 presidentes autonómicos para intentar implicarles en lo que definió como un "importante esfuerzo de consolidación fiscal", de forma que a medio plazo se asegure un nivel de deuda pública "sostenible", compatible con el Pacto de Estabilidad. El Gobierno pedirá el mismo esfuerzo a los ayuntamientos, ausentes de la reunión celebrada ayer en el Senado.

El mensaje emitido ayer por el presidente del Ejecutivo a los mercados, parcialmente desactivado por el desencuentro con del PP, descansa en la intención de dotar de credibilidad al objetivo de reducir al 3% el déficit del conjunto de las administraciones públicas en 2013, una meta que ahora aparece cuestionada por no pocos expertos. Esta excursión comprometería a todas las partes implicadas a mantener la deuda del conjunto de las administraciones por debajo del promedio de los países de la eurozona y a recuperar la tendencia de reducción de la ratio de deuda pública/PIB para alcanzar y mantener a medio plazo el límite del 60% establecido por Bruselas. Todo ello implicaría la aplicación de una política de contención de los gastos de personal, de austeridad en el gasto público, así como la creación de dos grupos de trabajo, uno para elaborar propuestas de mejora de la eficiencia de los servicios que prestan las comunidades y otro de puro seguimiento de estos objetivos. Cada administración podrá elaborar su plan de actuación para reducir los plazos de pago a sus proveedores.

La preocupación por el elevado nivel de endeudamiento también fue asomada ayer a la Conferencia por el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien alertó del riesgo de que otras agencias de calificación se ceben con España rebajando su solvencia. Díaz Ferrán recordó que entre comunidades y ayuntamientos se genera la mitad del déficit público.

Paro juvenil

Esta especie de retiro espiritual en el que el presidente del Gobierno sumergió ayer a los presidentes autonómicos y en el que cada uno de ellos sólo contó con 10 minutos para explayarse, abordó otras prioridades económicas, principalmente la del empleo. En sintonía con las propuestas que ayer pusieron sobre la mesa los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, el Gobierno trasladó la urgencia de reducir el paro juvenil mediante estímulos a la participación de las empresas en el diseño de la Formación Profesional. De las comunidades dependerá la promoción de convenios entre los centros de formación y las pymes, el uso recíproco de instalaciones de las empresas y de los centros para la formación de estudiantes y el reconocimiento de las iniciativas formativas en las empresas.

El Ejecutivo propuso crear otro grupo de trabajo para promover en tres meses un procedimiento coordinado de certificación y reconocimiento académico y, garantizar la conexión de los servicios públicos de empleo. Zapatero reiteró que en enero trasladará a los sindicatos y empresarios su propuesta de reforma laboral con los contenidos ya conocidos.

El resto de la Conferencia estuvo dedicado a la presidencia europea, la política industrial, el agua, la crisis del sector agrícola y ganadero y la violencia de género. Allí donde hubo acuerdo con el PP sólo se reflejan vaguedades.

Los sindicatos saludaron el ofrecimiento del Gobierno a las comunidades para coordinar las estrategias contra el paro juvenil, teniendo en cuenta que las políticas activas se encuentran transferidas. Mientras UGT llevó a la reunión las propuestas elaboradas en el último comité confederal del sindicato, CC OO instó a facilitar la inserción laboral de los jóvenes a través de instrumentos como la eliminación de la temporalidad injustificada y la mejora de los servicios de orientación profesional. Ambas centrales confirmaron su disponibilidad a debatir dentro del diálogo social las propuestas que en enero presente el Gobierno.

El presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se mostró conciliador y se felicitó por la próxima reapertura del diálogo social después del fracaso cosechado en verano. También, aprovechó la ocasión para solicitar una rebaja de las cotizaciones sociales y una disminución de las cargas fiscales de las empresas.