"Afirmo rotundamente que no sólo no va a suponer una merma para los derechos de los trabajadores ante el despido, sino que con la propuesta para llegar a un acuerdo que hemos presentado a los interlocutores sociales, se puede mejorar el funcionamiento del modelo", ha subrayado en rueda de prensa en Washington.

Según ha explicado, la alternativa más sólida que baraja el Gobierno es que, para reducir la aportación que tiene que hacer el empresario en el despido, se utilicen recursos públicos, que procederían del presupuesto destinado actualmente a incentivar la contratación mediante bonificaciones a los contratos, entre 3.000 y 4.000 millones de euros.

El objetivo, dijo, es "estimular" el contrato indefinido con despido de 33 días por año trabajo, el denominado contrato de Fomento del Empleo, para que ésa sea la vía de entrada de los trabajadores al mercado laboral y corregir el "excesivo" volumen de contratación temporal y precaria.