Zapatero tenía previsto recibir el próximo miércoles, 18 de agosto, en el Palacio de la Moncloa a los presidentes de las principales constructoras del país para abordar los recortes de obra pública.

En concreto, Zapatero iba a reunirse el miércoles al mediodía con el presidente de ACS, Florentino Pérez; el de Acciona, José Manuel Entrecanales; el de Ferrovial, Rafael del Pino; el de FCC, Baldomero Falcones, y el presidente de Sacyr, Luis del Rivero.

Fuentes empresariales indicaron a Europa Press que las compañías tenían pensado solicitar al presidente del Ejecutivo que se introduzcan criterios de flexibilidad en el recorte inversor de 6.400 millones dictado por Fomento, porque estiman que las suspensiones de proyectos provocarán un "daño tremendo" al sector, dejándole inerme ante una medida de este calado en un contexto de crisis económica y dificultad de acceso al mercado crediticio.

En este sentido, la idea de las constructoras es buscar fórmulas específicas por proyectos, así como la ralentización de los que tengan menor efecto dinamizador de la economía, permitiendo a la vez a las empresas constructoras laminar los pagos. También quieren que se dé una solución a las autovías de primera generación.

Hace una semana, Zapatero anunció que el Gobierno se plantea retomar una serie de proyectos de infraestructuras si los Presupuestos de 2011 dejan margen para ello, lo que permitiría "aliviar" la situación tanto de comunidades autónomas como de empresas constructoras.

Posteriormente, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, limitó el alcance de la medida y aseguró que no tendría impacto en el objetivo de reducir el déficit público al 6% en 2011, mientras que desde Fomento se cuantificó en unos 500 millones de euros el monto inversor a recuperar, argumentando que el ajuste había sido "excesivo".

Un FROB para el sector

Las constructoras solicitaron a finales de julio al Gobierno un plan para ordenar y ayudar al sector en la "importante" reestructuración a la que se verá abocado ante el recorte de inversión en obra pública de 6.400 millones de euros anunciado por el Ministerio de Fomento.

En concreto, las patronales del ramo pidieron también ayudas fiscales o crediticias a través del ICO, para que las empresas afronten las tensiones de liquidez y los problemas de solvencia que puede provocar en el corto plazo la suspensión y aplazamiento de contratos por parte del departamento que dirige José Blanco.

Además, reclamaron al Gobierno que optimice los recursos para obras públicas, recortando de otras partidas de gastos y buscando otros "yacimientos" de ingresos (privatizaciones, el pago por el uso de las vías, mayor recaudación por el impuesto de carburantes o al tabaco, el eventual copago sanitario) y la inmediata puesta en marcha del Plan Extraordinario de Infraestructuras en colaboración con capital privado.