El verdadero peso de los convenios autonómicos
La tramitación parlamentaria de la reforma de la negociación colectiva va a traer cola, ya que si el Gobierno quiere sacarla adelante tendrá que admitir más de un cambio en el texto legal, debido a su debilidad numérica en el parlamento. Ya en el primer debate sobre la norma celebrado el miércoles en la Cámara Baja, el Ejecutivo tuvo que aceptar un cambio impuesto por el PNV que afecta al meollo estructural de la negociación colectiva.
En concreto, este cambio implica que si un convenio sectorial de ámbito nacional entrara en colisión con lo que establece otro convenio del mismo sector de ámbito autonómico, "prevalecerá" lo estipulado en este último. Algo que hasta ahora no era así por el principio de negociación en cascada.
Esto se ha interpretado desde distintos ámbitos como una clara cesión de poder del Estado a las autonomías por las presiones de los nacionalistas, pero ¿cómo afectará en la práctica este cambio? ¿condicionará la realidad de muchos trabajadores? ¿afectará a la realidad ya existente o a la futura?
Solo seis de cada cien trabajadores están afectados por el ámbito autonómico
De momento, esta prevalencia del convenio autonómico sobre el nacional afecta a poco más de 400.000 trabajadores que son los que tienen como referencia un convenio autonómico, de un total de siete millones, que se vieron afectados por la negociación colectiva en todo 2010.
Esto supone apenas seis de cada diez asalariados con convenio. De ahí que aparentemente una supuesta prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales no afectaría a un volumen importante de gente.
Ahora bien, si se analiza cual puede llegar a ser el alcance futuro de este cambio, se observa que puede reproducir misma segmentación del mercado laboral y el mismo techo de cristal que ahora ya imponen los convenios provinciales. Con ello se diluiría por completo uno de los principales objetivos de esta reforma que era acabar con este estatus quo inoperativo creado por la negociación provincial.
El sector del metal es un ejemplo práctico de los cuestionados efectos de tener como referencia lo negociado en cada provincia. Ante la falta de un convenio sectorial nacional, las diferencias salariales de los trabajadores de la metalurgia en función de dónde viven llegan a ser abismales.
Además, hasta ahora las condiciones salariales y de jornada de los convenios provinciales suponían para muchas empresas en crisis un auténtico techo de cristal irrompible.
Para eliminar ambos condicionantes y ante la imposibilidad de eliminar el escalón provincial -que ahora tienen como referencia el 65% de los trabajadores- la reforma otorga "prioridad aplicativa" de los convenios de empresa en las materias fundamentales.
Si bien el legislador se ha cubierto las espaldas condicionando dicha prevalencia de los convenios empresariales a que los convenios nacionales o autonómicos dijeran lo contrario en determinadas materias. Así, la reforma mantenía el principio de negociación en cascada pero se reforzaban por un lado los convenios de empresa y por otro los de ámbitos superiores. Pero la última palabra la tenía siempre un convenio nacional (si existe), que afectaba por igual a todos los trabajadores de un mismo sector.
Ahora bien, a pesar de que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró ayer que con el cambio operado el miércoles "se mantiene la esencia de la reforma" dando más peso a convenios estatales y autonómicos frente a los provinciales, esto no es del todo así. El propio Gómez admitió que con el pacto alcanzado con el PNV para que prevalezcan los convenios autonómicos, se establecerán una serie de materias que ahora están incluidas en convenios de ámbito estatal que podrán pasar a autonómicos.
Esto puede acarrear solo una mera reducción de la multitud de convenios de referencia, pasando de 52 posibles (los provinciales) a diecisiete (los autonómicos) pero se podrá mantener la segmentación del mercado y los límites a las empresas.
Es cierto que ahora apenas hay convenios autonómicos pero si sale adelante esta modificación del texto, los negociadores provinciales de la patronal y los sindicatos tenderán a reconvertirse en negociadores autonómicos, reproduciendo el actual esquema con el que se pretendía acabar.