Según informaron a EFE fuentes de los tres sindicatos, De la Vega entregó el texto que recoge esa fórmula a los secretarios generales de las federaciones de los Servicios Públicos y de la Ciudadanía de UGT y CCOO, Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, así como al presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández.

En dicha reunión la vicepresidenta no les habló de subidas salariales para los ejercicios 2010, 2011 y 2012, según los tres sindicatos.

Al respecto, Lacuerda explicó que, hasta que no se acuerde cómo se ha de regular la aplicación de la cláusula, no se puede entrar en las alzas salariales.

En este sentido, destacó que el Gobierno se mantiene "firme" en su posición de que los empleados públicos (funcionarios y personal laboral) no pierdan poder adquisitivo en esos tres ejercicios, pero hay que "ponerlo por escrito".

Por su parte, Miguel Borra, miembro de la Ejecutiva Nacional de CSI-CSIF, calificó la propuesta de revisión de "inasumible".

La razón que dio es que el Gobierno vincula su aplicación al déficit de las administraciones regionales, al crecimiento económico, a la capacidad de financiación de los Presupuestos Generales del Estado, a la productividad del empleo público y la evolución de los salarios en general.

En su opinión, condiciona su aplicación a "magnitudes complejas", "variables" y "complicadas", que además están redactadas de manera "enrevesada".

De la Vega les ha vuelto a convocar mañana para seguir avanzando en la negociación salarial.

Paralelamente, la secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, ha presidido la comisión de la mesa técnica, en la que los tres sindicatos han presentado su propuesta para desarrollar el Estatuto del Empleado Público en materia de jubilación, carrera profesional y modernización de la administración, entre otras materias. Ahora, el Gobierno deberá estudiar el documento sindical y dar una respuesta.