Una semana ha sido suficiente para que el fondo de auxilio empiece a recibir a los primeros clientes. El Gobierno valenciano pidió ayer, sin desvelar la cuantía de la ayuda, acogerse a este instrumento que debe servir para que las autonomías obtengan la financiación que el mercado les niega.
Detrás de Valencia irán otras comunidades. Castilla-La Mancha, la región con un mayor déficit, ya ha anunciado que acudirá también al fondo. Lo mismo se ha indicado desde Cataluña. Incluso Madrid, cuyos números rojos están por debajo de la media, valora esa posibilidad. "No hay una decisión tomada y dependerá de las condiciones y la letra pequeña", señalan fuentes de la Consejería de Hacienda madrileña.
La situación financiera de las autonomías es más que delicada. Entre julio y diciembre, deben afrontar vencimientos de deuda por 15.000 millones. Además, el gasto autonómico superará los ingresos y esa diferencia debe cubrirse con deuda. En el mejor de los casos, el déficit se situará en 15.854 millones. Aunque todo apunta que será mucho más.
Estas cifras resultan inasumibles para la mayoría de comunidades y, por tanto, precisarán de la ayuda del Estado a través de este fondo que, según Hacienda, no incrementará el volumen de deuda pública total de España.
La ayuda financiera tiene condiciones. Para empezar, las comunidades que recurran a ella deberán presentar un nuevo plan de ajuste o modificar el ya existente de tal forma que convenzan a Hacienda de que cumplirán con el objetivo de déficit y de deuda pública. En este sentido, el Gobierno exigirá ajustes adicionales. Además, las comunidades se comprometen a remitir información mensual de sus ingresos y gastos y será Hacienda quien supervisará los planes de ajuste. Tanto es así, que la Intervención General del Estado enviará "misiones de control" para comprobar la evolución de los planes de ajuste y de las cuentas. Si una región no colabora, no aplica los recortes exigidos o se desvía del objetivo de déficit, el Gobierno central podrá aplicar medidas coercitivas que abarcan desde la sanción hasta, en último término, la intervención.
Las comunidades tienen hasta el 31 de diciembre para acogerse a este fondo. La ayuda se concederá por tramos a tipos de intereses inferiores a los del mercado. Y, en el caso de que una comunidad no pueda devolver el crédito, el Gobierno central retendrá fondos del sistema de financiación.
Los ajustes seguirán
Los ajustes de las comunidades continuarán. En 2011, registraron un déficit de 37.300 millones (3,3% del PIB), cifra que deben rebajar hasta los 15.854 millones este ejercicio y a 1.085 en 2013. La senda fiscal tan exigente augura más y mayores recortes presupuestarios.
Y tras reclamar la ayuda, ¿qué sucede?
Este es el proceso previsto por ley después de que una comunidad, en este caso la valenciana, haya solicitado ayuda:
Hacienda debe aceptar: el Ministerio de Hacienda decidirá si acepta la petición de ayuda. En caso de hacerlo, la comunidad deberá comprometerse a cumplir las obligaciones vinculadas al auxilio.
Plan de ajuste: tras la adhesión, la comunidad tiene quince días para "presentar y acordar con Hacienda un plan de ajuste -o reformar el vigente- que asegure el cumplimiento de los objetivos de déficit". Es decir, más recortes.
Información: la ayuda financiera se concederá por tramos y las comunidades deberán remitir información periódica de sus finanzas (saldo de deuda, vencimientos o previsión de ingresos).
Férreo control: Hacienda enviará "misiones de control" a las comunidades auxiliadas. Se elaborarán informes y recomendaciones. En caso de incumplimiento se aplicarán sanciones y, en última instancia, puede aprobarse la temida intervención.
