En un comunicado, el sindicato afirmó que recortar en diez puntos la economía sumergida, que supone el 23 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) según diferentes estudios, permitiría equiparar el fraude fiscal en España al nivel de la media europea (13% del PIB).

UGT destacó que los ingresos obtenidos podrían ascender a 38.000 millones de euros por año, de los cuales 25.000 millones corresponderían a impuestos y los 13.000 millones restantes, a la Seguridad Social.

En su opinión, esta recaudación equivaldría a los ingresos de la Agencia Tributaria en los últimos ocho año de lucha contra el fraude.

El sindicato sostiene que, frente al 80% de lo que se recauda por IRPF, procedente de las rentas del trabajo, sólo el 8% proviene de actividades económicas, unas rentas muchas veces sin retención y donde sí se pueden deducir gastos.

UGT denuncia que las empresas por módulo pueden generar facturas falsas, lo que además puede implicar un fraude en la concesión de determinadas ayudas públicas ligadas a la declaración de la renta.

Personal "insuficiente"

Ante esta situación, el sindicato considera que el personal encargado del control fiscal es "insuficiente" puesto que, según sus datos, 95 funcionarios supervisan 30.000 grandes empresas con una facturación superior a seis millones de euros.

Asimismo, denuncia que 1.600 inspectores controlan, entre otros, a más de 17 millones de declarantes de IRPF, 3,35 millones de empresarios y profesionales, y 2,3 millones de sociedades.

Para esta organización, habría que concienciar a la sociedad de que quienes defraudan no están impunes, así como analizar la situación real de la economía sumergida en España y conocer mejor a los contribuyentes.