La Comisión Europea decidió ayer llevar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo de la UE por no haber suprimido el impuesto de salida para las personas físicas que dejan de tener su residencia fiscal en España. Según la legislación española, un contribuyente que abandona el país, debe hacer constar y tributar por los ingresos no imputados en su última declaración.

La Comisión considera que este gravamen penaliza a las personas que deciden dejar España, al dispensarles un trato menos favorable que a los contribuyentes que permanecen en el país, a los cuales, se les permite gravar los ingresos a lo largo de una serie de ejercicios tributarios.

Bruselas considera que la norma española puede disuadir a las personas físicas de ejercer su derecho a la libre circulación. El Ejecutivo comunitario resalta que su expediente se basa en la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia.

Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea, en un dictamen motivado pidió al Gobierno que suprimiera el impuesto de salida. Sin embargo, la legislación fiscal no se ha cambiado y Bruselas ha decidido que sean los Tribunales quienes decidan.