En los pasillos del Congreso, Álvarez de Miranda ha asegurado que el pleno adoptará medidas dirigidas a "cumplir estrictamente" dicha sentencia -dictada el pasado 3 de diciembre-, si bien ha defendido la "plena independencia" de los miembros del órgano fiscalizador.
También ha afirmado que el Tribunal de Cuentas dispone "en la actualidad de los medios necesarios para cumplir con su misión", incluida la del control de "redes ilegales de financiación de partidos" políticos.
A ese respecto ha explicado que el tribunal va a acceder a partir de ahora al conjunto de información que antes le denegaba el Banco de España "en el terreno de eventuales condonaciones de créditos de los partidos políticos y en la identificación del conjunto de cajas pagadoras que manejan los partidos a lo largo y ancho del territorio nacional".
No obstante, ha recordado que el Tribunal de Cuentas todavía no tiene "acceso a los datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social como elementos adicionales a las comprobaciones" que está llevando a cabo en él ámbito de la financiación de partidos y ha emplazado a los parlamentarios a abordar esa y otras medidas "pendientes".
Álvarez de Miranda, que ha comparecido en el Congreso para dar su opinión sobre el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, no se ha mostrado partidario de incluir a los partidos políticos en el ámbito de aplicación de esta ley, como tampoco a las organizaciones sindicales y empresariales.
Ha dicho que él se inclina por "incorporar mayores criterios de transparencia en la legislación específica de cada entidad", aunque ha reconocido que la decisión es de "carácter político" y que "no hay razones técnicas" que aconsejen una opción más que la otra.
Álvarez de Miranda, que ha realizado una "valoración muy positiva" del proyecto de ley del Gobierno, se ha quejado de la "insuficiente" regulación que existe del principio de transparencia y ha puesto como ejemplo las "grandes dificultades y objeciones de los entonces responsables del Ministerio de Economía y Hacienda" para facilitar información sobre la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2007 y 2008.
En materia de lucha contra la corrupción, ha llamado la atención de los diputados sobre la "extensión que existe en la contratación administrativa del recurso de cláusulas secretas, especialmente detectada en administraciones territoriales", ha dicho, y ha conminado a esas administraciones y también a la del Estado a limitar su uso a lo estrictamente derivable de la Ley sobre Secretos Oficiales.
También ha reclamado "regular en detalle" la relación entre el procedimiento sancionador que prevé la ley de transparencia ante casos de falta de rendición de cuentas y la legislación del Tribunal de Cuentas.
Ha rechazado la atribución al Consejo de Ministros de la competencia para resolver posibles sanciones y ha pedido que de eso se encargue un órgano independiente del Gobierno o uno mixto siguiendo el modelo francés.
Sobre la fiscalización del presupuesto de la Casa Real, ha señalado que ésta publica en su web el destino y la composición de gastos, que tiene un servicio de intervención que hace labores de control interno y que la Constitución establece que el Rey hace una libre distribución de las cantidades que percibe.
En su comparecencia, Álvarez de Miranda ha defendido que la "garantía de la independencia" de los miembros del Tribunal de Cuentas "se encuentra en su propio Estatuto" y que la elección de estos está "directamente vinculada" con el conocimiento y ejercicio de funciones relacionadas con el control fiscalizador.
También ha rechazado las acusaciones de falta de agilidad en la emisión de informes y ha renovado su compromiso de presentar en la Cámara el informe correspondiente a 2008 el próximo mayo y los de 2009, 2010 y 2011 en octubre o noviembre de este año.
