Tratamiento de choque para una emergencia nacional

Que tras cuatro años de crisis económica en la que el empleo acumula un ajuste del 11%, los indicadores de ocupación muestren una contracción adicional en sólo tres meses del 2%, de 350.000 puestos de trabajo, es la evidencia más inequívoca de que la economía está hibernada, con ánimo altamente depresivo en los agentes económicos y sin luz en el horizonte.

Si 2011 ha destruido 600.000 puestos de trabajo, ha enviado al desempleo a más de medio millón de personas y registra dos trimestres consecutivos de descenso de la población activa, algo muy grave está pasando. Si la tasa de desempleo del cabeza de familia se acerca peligrosamente al 20%, la de los jóvenes se acerca al 40% y sólo se crea empleo a tiempo parcial, algo parecido al subempleo, algo va francamente mal. Algo va mal cuando la industria y la construcción destruyen ocupación a tasas de crisis severa. Pero sobre todo, algo va mal cuando todo esto ocurre tras cuatro años de contracción en los que parecía que ya estábamos agotaditos.

Algo va mal si España contabiliza 5,27 millones de parados (que bien podrían ser 5,4 si nos atenemos sólo a la actividad industrial, de servicios y constructora), nada menos que un 22% de sus activos. Esta situación, que podría agravarse en 2012 si los augurios del Banco de España se cumplen, es de absoluta emergencia nacional. La negligencia encadenada de gobiernos y agentes sociales durante la crisis tiene estas cosas: cada día de 2011 dos mil personas se fueron a casa sin esperanza de volver a tener trabajo en una larga temporada. Como si en toda la ciudad de Zaragoza se hubiese apagado la luz y estuviese condenada a vivir en penumbra.

El señor presidente del Gobierno, que hoy tendrá esta Encuesta de Población Activa sobre la mesa del Consejo de Ministros, debe meterse en la cabeza que este es el principal problema de este país, y debe catalogarlo de emergencia nacional. Y debe exigir a sus ministros, y a él mismo también, que no puede volver otra EPA como esta a su mesa de Consejo de Ministros, y que en unos cuantos trimestres la situación debe haberse cambiado. De lo contrario, lo de menos será que a él lo manden también a casa; lo de más será que España estará al borde del estallido social.

Por ello, a los hechos. Ni un día más de plazo a unos agentes sociales que han malgobernado su exagerada representatividad en defender unos privilegios que paralizan las salidas de la crisis. Bien está proteger a los trabajadores con empleo, pero nunca a costa de neutralizar las oportunidades de que lo encuentren los que no lo tienen. Es una cuestión de solidaridad nacional cambiar la legislación para que el empleo se expanda. Y la solución es muy simple: el trabajo se negocia en un mercado (mercado de trabajo), y se contrata más o menos en función de su precio.

Lógicamente, dado que la materia prima es el factor humano, hay que determinar con mucho cuidado el coste y cómo se reduce. Pero España no puede tener, y por este orden, el coste del despido más elevado de Europa; el desempleo más protector de Europa; y las cotizaciones en la franja más cara de Europa. Y seguramente los propios salarios, a juzgar por lo que ahora admiten los sindicatos en su pacto salarial, no están del todo justificados con la productividad que generan en infinidad de empresas.

El Gobierno, con pacto o sin él, debe abaratar todos los costes del factor trabajo, o eliminar la trampa normativa que ahora lo impide. Salarios, cotizaciones, despido, retenciones sobre la renta laboral y formación. Por los resultados de esta reforma medirán el desempeño del Gobierno los españoles. Hay 5,3 millones de señores y señoras que buscan una oportunidad, y la economía española puede proporcionarla si cambia la normativa. Evidentemente, para que esto dé resultados precisará de otras reformas, las de siempre, las que están en la mesa: sistema bancario, administración pública y organización de otros muchos mercados de bienes y servicios.

Es el mecanismo de choque que precisa este país, que necesita como lo necesitó en el pasado, una nueva oleada de inversión nacional y extranjera para hacer frente a su afrenta nacional: el desempleo insoportable.