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El futuro de la reforma del federalismo alemán, aprobado por el Gobierno de Angela Merkel tras cinco años de pugnas y escaramuzas políticas, sigue sin estar bien atado. Merkel quiere la reforma para el próximo otoño; pero en los últimos días arrecian las críticas al proyecto alemán de reforma de su modelo federal, que supone el mayor cambio constitucional en Alemania desde la creación de la nueva república en 1949.

El Consejo de Ministros alemán y los primeros ministros de los 16 Estados federados aprobaron la semana pasada un proyecto de ley con el que se pretende agilizar la maquinaria legislativa. El paquete legislativo, sobre el que se empezó a debatir el viernes propone una reordenación de las competencias entre el Estado central y los länder para mejorar la gobernabilidad. Uno de los grandes objetivos de la reforma es reducir al 35 o 40% (desde el 60%, actual) las leyes que requieren la aprobación del Bundesrat (Cámara territorial equivalente al Senado español) para evitar un desquiciante bloqueo de las leyes que emanan del Parlamento Federal. Para compensar esa pérdida de poder, el Bundesrat dispondrá de mayor margen para imponerse ante leyes que generen costes considerables a los länder y éstos asumirán mayores competencias en educación y medio ambiente.

'Necesitamos poder tomar decisiones rápidas', dice Merkel convencida de las ventajas de la reforma aprobada por el Gobierno de la gran coalición entre democristianos (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) y los primeros ministros de los 16 Estados federados.

Pero su entusiasmo no convence a todos. Está aumentando la oposición en el Parlamento. Incluidos muchos políticos democristianos y socialdemócratas y 30 diputados votaron en contra de la reforma en la última reunión del grupo parlamentario del SPD. La ambiciosa reforma, que implica más de 20 modificaciones constitucionales, exige la aprobación de dos tercios del Bundestag (Cámara Baja) y el Bundesrat.

Uno de los asuntos más conflictivos es la retirada del Estado central de la educación. Berlín sólo seguirá ocupándose de las reglas de acceso a la universidad y de la titulación universitaria. A Thierse le preocupa esa política 'de miras estrechas'. El jefe del SPD, Matthias Platzeck, exige mayor protagonismo del Estado central en la educación.

Otro dilema es el reparto de competencias medioambientales. A muchos políticos de esta materia les desasosiega que a partir de 2010 los länder puedan divergir de la normativa medioambiental. Los länder más pobres temen que, a raíz de las nuevas competencias, los Estados federados más ricos puedan pagar mejores sueldos a sus funcionarios. Otras de las competencias que se trasmitirán a los länder son el régimen penal y la prisión preventiva, el derecho de reunión, la normativa para la gastronomía y los horarios de los comercios, la política de urbanización y de promoción social de viviendas, y las leyes referidas a la prensa, casinos, y ferias.

Más poder para el Estado central

A cambio, el Bundestag sale reforzado y el Estado central gana nuevas competencias 'exclusivas'. Hasta ahora todas las leyes que incluyeran normas procesales requerían la ratificación de la representación territorial (Bundesrat). En el futuro los länder podrán divergir de las normas procesales. Sólo precisarán la aprobación del Bundesrat las leyes cuya aplicación genere considerables costes a los Estados federados. Se espera que se reduzca al 35% la cuota de leyes que exijan el beneplácito del Bundesrat.

Asimismo, el Estado central pasa a ser ahora el único responsable de todos los asuntos relacionados con la energía nuclear, el terrorismo, explosivos y armas, censo y empadronamiento, documentos de identidad, pensiones de guerra, y la protección del patrimonio cultural frente a la exportación ilegal. En cuanto a la representación en la UE, los länder dispondrán, como hasta hora, de un delegado pero sólo para cuestiones de educación y cultura.

El capítulo de la financiación ha quedado excluido de la reforma, pero el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, el democristiano Jürgen Rüttgers, coincide con el Partido Liberal en la urgencia de una segunda reforma que regule la financiación entre el Estado y los länder. Rüttgers exige el derecho de los Estados federados a sus propias leyes tributarias 'al menos de los impuestos que vayan a parar sólo a los länder'.