La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, que preside el ministro Celestino Corbacho y en la que participan los responsables de empleo de cada comunidad autónoma, aprobó ayer que los fondos que recibe cada región para políticas activas dependan del número de parados y demandantes de trabajo que tengan. El nuevo reparto, menos lineal, garantiza que todas las comunidades obtendrán "como mínimo" igual cuantía que este ejercicio (2.287 millones en total).

El acuerdo, aprobado por mayoría (con excepciones como las de Madrid, Valencia o La Rioja), establece también compensaciones a los que menos reciben y responde a los criterios del Fondo Social Europeo. Este sistema, con vigencia hasta 2013, persigue una mejora de los programas de formación para desempleados, que están financiados por el Servicio Público de Empleo y gestionados por las comunidades.

En la reunión, que se prolongó más de cinco horas, también se decidió prorrogar durante dos años la labor de los 1.500 orientadores contratados por el Inem para asesorar a los parados. El coste de esta medida será de 50 millones de euros en 2010 y 33,4 millones el siguiente año, a los que hay que sumar los 16,7 invertidos este año. Además, se reforzarán los centros especiales de empleo para discapacitados, a los que dedicarán otros 40 millones de euros.

Finalmente, la secretaria de Empleo, Maravillas Rojo, anunció que Gobierno y comunidades han llegado a "un acuerdo político de bases" que se articulará en un futuro Real Decreto. Éste será debatido en el marco del diálogo social con el fin de flexibilizar y hacer más efectivas las políticas activas.