Los trabajadores legalizados podrán computar medio año de prestaciones
El nuevo borrador del plan para aflorar el empleo sumergido del Gobierno sigue sin convencer a los agentes sociales. La principal novedad es que se reduce de un año a medio el periodo máximo de cotización que se le reconocerá a los trabajadores regularizados. Ese tiempo podrá contabilizarse para cobrar prestaciones de la Seguridad Social, como la del paro.
Todo apunta a que el Gobierno deberá aprobar el viernes en el Consejo de Ministros un plan para aflorar el empleo sumergido sin el consenso de los agentes sociales. Estos tienen hasta mañana para presentar alegaciones al borrador, que el Ministerio de Trabajo tiene estos días abierto a consultas. Y según los sindicatos mayoritarios, las quejas siguen siendo demasiadas como para aceptar el borrador de decreto-ley en su actual redactado.
Más allá de pequeños cambios formales, el texto presenta una novedad reseñable que los sindicatos consideran inasumible. El Gobierno propone que los trabajadores que sean regularizados puedan rescatar hasta seis meses de cotización (contra el año que se indicaba en el primer borrador). Pese al recorte del periodo, Trabajo acepta que esos seis meses sean computables por los empleados recién legalizados para poder percibir en un futuro prestaciones económicas de la Seguridad Social. Esto es, para poder cobrar el paro. Asimismo, las cotizaciones convalidadas podrán dar lugar a prestaciones desde el mismo momento de la regularización. El primer documento, en cambio, establecía que debían pasar cuatro años desde la presentación de las solicitudes del alta.
Tanto UGT como CC OO consideran insuficientes los seis meses de cotización con derecho a prestación. De hecho, ya tacharon de inaceptable que se reconociese solo un año de cotización, independientemente de los que hubiese trabajado el empleado sin regularizar.
La gran queja que tienen los sindicatos acerca del plan, y que ya comunicaron al Ministerio cuando se les presentó el primer borrador, es que este beneficia en exceso a los empresarios fraudulentos, mientras que recorta derechos a los trabajadores. Si en la primera reunión mantenida el lunes de la semana pasada ya estuvieron a punto de abandonar la mesa de negociación, se puede dar por descartado que la segunda propuesta logre el apoyo de los agentes sociales.
La posición de CEOE, según fuentes presentes en las reuniones mantenidas entre Gobierno, sindicatos y patronal, no es más positiva. Se sigue considerando que las sanciones son muy altas (en el caso de las infracciones "muy graves" pueden alcanzar los 187.515 euros). El segundo borrador, de hecho, no presenta ninguna modificación al respecto.
Del mismo modo, las empresas que infrinjan la ley tras el periodo de gracia de dos meses para regularizar la plantilla no podrán beneficiarse de bonificaciones en los contratos de fomento hasta pasados dos años de la infracción. Asimismo, tampoco se ve bien que las sanciones se endurezcan de manera indefinida, mientras que la amnistía dura solo dos meses.
Sin alusiones a la recaudación
El resto de modificaciones que presenta el segundo borrador del decreto-ley del plan para aflorar empleo sumergido son de carácter más formal. Por ejemplo, se han eliminado del preámbulo las alusiones que se hacían a que el trabajo fraudulento provoca la "pérdida de ingresos públicos".
También ha desaparecido, esta vez a instancias de los sindicatos, la referencia a que la crisis haya elevado los costes laborales. Ello fue interpretado por UGT y CC OO como una justificación del empleo en negro. Con todo, los sindicatos siguen considerando inapropiado que se establezca un periodo de gracia para las empresas que regularicen su situación, en vez de limitarse a endurecer los castigos desde la entrada en vigor del decreto-ley.
CEOE no descarta que el Ejecutivo legisle
La patronal asegura que solo firmará una reforma de la negociación colectiva "con contenido" y que no tiene sentido pactar por pactar, por lo que si las conversaciones con los sindicatos se suceden "indefinidamente", será el Gobierno el que deba legislar unilateralmente, informa Europa Press.Mientras, los máximos responsables de los sindicatos aseguran que las negociaciones van a buen paso. No esconden, sin embargo, las grandes dificultades que están afrontando en la que consideran la fase decisiva de las negociaciones, y que no se ponen límites de tiempo.El secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseguró ayer que la negociación colectiva ha entrado en una fecha en la que "hay que prever su desenlace", que puede darse "a lo largo de esta semana". Sin embargo, de puertas adentro no se titubea en las sedes de los grandes sindicatos en insistir en que ni ellos ni la patronal se han puesto una fecha límite para cerrar el acuerdo. Una advertencia a los pasajeros por si el tren se demora una semana más.En lo que tampoco han tenido reparos es en criticar el plan para aflorar el empleo fraudulento. "No se pueden buscar atajos a la creación de empleo, es importante que aflore la economía sumergida, pero no se puede hacer a costa de deteriorar todavía más las condiciones de vida y de trabajo de una franja muy importante, sobre todo la más joven de la población", remarcó el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo.
De cara al 1 de mayo
El viernes darán a conocer UGT y CC OO los detalles de las marchas del próximo 1 de mayo, Día del Trabajo. Los sindicatos llaman a la asistencia en "defensa del empleo con derecho" y para mostrar su rechazo "a los recortes sociales", entre los que incluyen el plan contra el empleo sumergido.