La fuerte subida del IVA que entrará en vigor el próximo sábado tendrá más efectos que el esperado encarecimiento de la cesta de la compra.
Aproximadamente el 90% de los artículos cuyo coste mide el índice de precios de consumo (IPC) están afectados en mayor o menor medida por este alza impositiva, lo que elevará considerablemente la inflación de los próximos meses. Esto, junto al copago farmacéutico, que entró en vigor el pasado 1 de julio, hace que los expertos calculen que el IPC a final de año termine, como mínimo en el 3% y podría llegar al 3,5% -desde el 2,7% avanzado ayer-, según los 17 principales servicios de estudios reunidos por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).
Este fuerte alza de los precios tendrá como efecto una triple mordida en las rentas disponibles de la inmensa mayoría de los españoles. Al citado encarecimiento de casi todos los artículos de consumo, habrá que sumar una posible congelación de las pensiones y el estancamiento de muchos salarios o su pérdida de poder adquisitivo.
¿Por qué se producirá este contagio sobre las rentas de jubilados y trabajadores? El efecto sobre las pensiones es el más directo ya que, según la ley vigente, su cuantía se debe revalorizar cada año con el IPC real del mes de noviembre.
Así en enero el Gobierno aplica la subida de la inflación prevista con la que ha elaborado los Presupuestos Generales de ese año, y a finales del ejercicio se les abona la diferencia entre la subida inicial y la citada inflación interanual de noviembre.
La subida inicial de 2012 fue del 1% en enero, por lo que de terminar el IPC como mínimo en el 3%, el Ministerio de Empleo tendrá que aplicar dos puntos más de subida a los nueve millones de pensiones existente. Esto le costará a las arcas de la Seguridad Social casi 2.000 millones de euros con cargo a 2012. Además, esta cantidad se consolidará para siempre en la nómina de pensiones a partir de 2013 con lo que deberá volver a desembolsarse en ese año.
Este elevado impacto de cerca de 4.000 millones en las cuentas del sistema de pensiones se produce justo cuando la Seguridad Social ha intensificado su ritmo de destrucción de empleo, con una pérdida de cotizantes del 3,4% interanual y del 4,8% en el régimen general, al que pertenecen ocho de cada diez afiliados. Este recorte y las bajadas salariales, unidas al efecto sustitución de las bases que salen del sistema, que son más altas que las que entran, hace que la Seguridad Social registre una caída de ingresos por cuotas del 4,13% acumulado hasta junio; al tiempo que el gasto en pensiones crece un 4,4% en este periodo.
Todas estas cifras suponen un golpe directo a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y, aunque el Ministerio de Empleo ya ha dispuesto la utilización del Fondo de Prevención de Mutuas -dotado con unos 4.000 millones- para afrontar el desvío de la inflación en el pago de pensiones, el creciente deterioro de los ingresos y el aumento de los gastos podría obligar al Gobierno a congelar la subida de pensiones en 2013, como mínimo, según distintas fuentes consultadas. Es más, hay quien cuestiona la revalorización de prestaciones a finales de 2012.
Una negociación muy estancada
En cuanto al efecto de los salarios de los trabajadores con convenio, el primer efecto de la subida del IVA y, por ende, del IPC será contaminar la negociación colectiva. Este contagio puede tener dos efectos. En un primer momento, muchos comités de empresa podrían hacer oídos sordos a las recomendaciones de moderación salarial del Acuerdo de Negociación Colectiva 2012-2014, para volver a tomar como referencia de subida salarial el IPC previsto como mínimo, más cláusulas de revisión, hasta llegar al 3%.
Este pacto, susceptible de ser incumplido, aconseja que las subidas salariales no deberían superar el 0,5% en 2012 con una cláusula parcial de revisión que solo se activará por encima del 2% en función de la inflación que resulte más baja entre la española y la de la zona euro.
Así, en caso desoír este acuerdo, otro de los puntos conflictivos de las negociaciones será también la demanda sindical de una mayor inclusión de cláusulas de revisión salarial que, además, recojan mayor parte del exceso de inflación española y que se activen por encima del 1%. En los últimos años estas cláusulas han ido disminuyendo desde el 75% de los trabajadores que la disfrutaban en 2005 al 48% en la actualidad.
Un supuesto retorno a demandas salariales cercanas al 3% en un entorno como el actual de cronificación y recrudecimiento de la crisis y de fuerte destrucción de empleo, es, a todas luces, inviable. Por ello, esta exigencia podría llevar a muchas empresas a suspender las negociaciones. Así se produciría como mínimo un efecto parálisis en las mesas de los convenios, aún mayor de la que se viene produciendo desde 2009. En julio pasado solo 3,2 millones de trabajadores habían firmado sus convenios para 2012, cuando hace justo un año, habían pactado sus condiciones salariales cinco millones de asalariados.
Algunos ejemplos
Un jubilado mayor de 65 años sin cónyuge a cargo que cobre la pensión mínima (763,60 euros al mes) debería ver incrementada su pensión en al menos el 2% en diciembre próximo, si el IPC de noviembre se situara en el 3% o más, tal y como prevén los expertos. Esto incrementaría esta prestación en unos 15 euros más al mes, hasta alrededor de los 779 euros.
Una persona viuda menor de 60 años sin cónyuge ni cargas familiares que reciba una prestación mínima de viudedad (468,50 euros) tendría que pasar a cobrar como mínimo diez euros más al mes (478 euros).
Si se toma un perceptor de una pensión máxima de jubilación (fijada este año en 2.522,89 euros mensuales), el incremento correspondiente a su revalorización en función a un supuesto 3% sería de alrededor de 52 euros más al mes hasta sumar 2.575 euros.
A los casos anteriores -y al resto de pensiones- habría que sumarles a partir de enero próximo (si no se congelan), un aumento equivalente a la estimación del IPC de 2013 con la que el Gobierno piensa elaborar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. De ser el 1%, como en ejercicios anteriores, las cuantías ya revalorizadas antes citadas aumentarían en unos 8, 5 y 25 euros más al mes, respectivamente.
Más difícil es calcular el efecto monetario de este repunte inflacionista en los salarios, ya que, para empezar, no afectará solo a su cuantía sino que también dificultará más las negociaciones de los convenios. En cualquier caso, el efecto un IPC del 3,5% en diciembre sobre un salario medio mensual de 1.841 euros que calcula el INE y teniendo en cuenta una cláusula de revisión completa que se active en el 1% (incumpliendo el Acuerdo de Negociación Colectiva), supondría un alza salarial de casi 50 euros al mes.
