Un techo de gasto del Estado menguante
El 12 de junio pasado el entonces vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, presentaba en el Pleno del Congreso a viva voz para su aprobación un techo de gasto del Estado para 2009, marcado por la ya incipiente recesión económica. Con los ingresos tributarios ya menguantes, mucho menos que ahora, eso sí, Solbes defendía una cifra (160.158 millones de euros) de límite de gasto no financiero del Estado para este ejercicio, que suponía un incremento del 5% sobre el año anterior, y que según Solbes, estaba en sintonía con el incremento del PIB nominal previsto, tal y como se había hecho en los cinco años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Diez meses más tarde de esa fecha y cuando el mismo ministerio está haciendo sus cuentas para 2010, esta vez bajo la dirección de Elena Salgado, los datos han quedado totalmente desfasados. Además de revisar a la baja próximamente las previsiones macroeconómicas para este año, el Gobierno tiene en su mano la patata caliente de elucubrar en abril cómo van a evolucionar para el próximo ejercicio. Y esta vez más que nunca de la cifra mágica del techo de gasto que presente Salgado en el Congreso, dependerá la política económica y fiscal a seguir por el Ejecutivo en un momento de grave crisis económica. Por eso ayer, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña prefirió no dar pistas a los periodistas de lo que se cuece en su departamento. Todos los economistas consultados indican que la situación de recesión económica conlleva a que, por primera vez, se presente un techo de gasto del Estado inferior al del año pasado. En primer lugar porque el PIB, a diferencia de etapas de expansión, tiene muchas posibilidades de caer al igual que pasará este año. En segundo lugar porque la inflación, otro indicador que tira al alza los ingresos tributarios del Estado, se mueve entre el estancamiento y las tasas negativas. Con la actividad menguante y la recaudación también, lo normal es que los gastos del Estado se adapten a ese ritmo, sobre todo si se quiere iniciar ya la corrección del déficit fiscal con vistas a 2012, como ha prometido el Gobierno a Bruselas.
Sin embargo, en la saca de los gastos hay muchos paquetes pesados. Se encuentra la política inversora a la que el Ejecutivo no está dispuesto a renunciar, y el pesado lastre de los gastos sociales, sobre todo el de la cobertura por desempleo a un ritmo de 2.500 millones de euros por mes. Hay que decidirse por lo menos malo y aquí es cuando el Gobierno demostrará su cintura política. Cada euro de menos de ese techo de gasto significará menos posibilidades de cobertura social e inversión pero también menos deuda a pagar para las generaciones futuras. Hay una tercera opción y es limitar su crecimiento a un entorno del 1% al 5%. Salgado siempre podrá argumentar que ha desacelerado el gasto público. Pero aún así, sus presupuestos serán tildados de expansivos.