La resolución, que se conocerá en los próximos días, argumentará previsiblemente el archivo del asunto en consonancia con lo informado el pasado mes de octubre por el fiscal Luis Navajas, que no vio en los hechos denunciados ilícito penal alguno.
El Ministerio Público explicó que no encontraba delito de revelación de secretos porque el correo electrónico que fue remitido al periódico La Razón únicamente contenía datos generales del ERE, pero ninguna información concreta.
El juez de instrucción número 28 de Madrid, Mariano Ascandoni, ante quien se presentó la acción penal, se inhibió en favor del Supremo al considerar que éste era el órgano competente para investigar el presunto delito atribuido por el PSOE a la ministra, dada su condición de aforada.
La denuncia, presentada el pasado 20 de julio, señalaba textualmente de que se trata de un "supuesto gravísimo, en el que el daño generado al servicio público es de la máxima relevancia" y acusaba a la titular de Empleo de "vulnerar de manera flagrante todos los principios que rigen la conducta de las autoridades públicas y la actuación de la Administración Pública, sujeta siempre al principio de legalidad".
"Y lo hace con una motivación exclusivamente partidista, buscando únicamente el daño del principal partido de la oposición, premeditadamente y despreciando cualquier atisbo de defensa del interés general", afirmaba el PSOE en una nota sobre el contenido de la denuncia.
El texto indicaba también que "el daño para la imagen del Ministerio de Empleo y Seguridad Social es incalculable, pues la máxima autoridad del mismo no duda, en un tema de la máxima sensibilidad en la actualidad, como son los expedientes de regulación de empleo, en utilizar la información a la que tiene acceso con fines puramente partidistas y absolutamente ajenos a la Administración Pública que representa".
La dirección del PSOE recurrirá la decisión del Supremo. Ahora tiene un plazo de 10 días para presentar un recurso de reforma ante la misma Sala del Tribunal.
