La Agencia Tributaria lleva años detectando que las grandes empresas y multinacionales logran reducir al mínimo los impuestos que pagan gracias a una "planificación fiscal agresiva". Este problema, que ya han denunciado Gobiernos como Reino Unido o Francia se debatió en el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, donde se constató que las grandes empresas tienen capacidad para trasladar beneficios a países de baja tributación.
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, anunció ayer la creación de una Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional para controlar los llamados precios de transferencia, es decir, los intercambios comerciales que se producen entre las empresas de un mismo grupo y que, muchas veces, tiene como objetivo único el de reducir los beneficios obtenidos en países con impuestos elevados e incrementar las ganancias en territorios con una menor presión fiscal.
Las empresas, por su parte, señalan que una planificación fiscal para "optimizar" el pago de impuestos no supone ningún fraude. En cualquier caso, los Gobiernos europeos señalan que se están cometiendo excesos. La Administración tributaria francesa, por ejemplo, reclama 1.000 millones a Google, según informa la prensa gala. La empresa del famoso buscador obtuvo entre 1.250 y 1.400 millones de euros pero solo declaró 138 millones. Casos parecidos se han producido en el Reino Unido con Starbucks o Amazon.
Más allá de la nueva oficina contra el fraude internacional, que estará en funcionamiento en enero y que contará con 50 efectivos, el Ejecutivo ya aprobó una importante medida al limitar la deducibilidad de los gastos financieros entre empresas de un mismo grupo empresarial. Hasta ahora, una compañía podía deducirse sin ninguna restricción los gastos financieros, lo que provocaba que muchas multinacionales ejecutaran operaciones financieras entre sus filiales con el único fin de acogerse a este beneficio tributario en España.
Ferre insistió ayer en la importancia del bautizado acuerdo Fatca, un pacto firmado por EE UU y los mayores países de la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España) que supondrá un intercambio de información fiscal entre los países firmantes de forma estandarizada. "Por ejemplo, EE UU transmitirá a España la información comunicada por sus entidades financieras sobre intereses percibidos por contribuyentes españoles", ilustra en un comunicado el Ministerio de Hacienda. El pacto sellado con la primera potencia económica supondrá un mayor control para los contribuyentes. Sin embargo, también tendrá un parte positiva, ya que la Administración estadounidense ofrecerá ventajas para las compañías que pertenezcan a los países con los que se ha alcanzado un acuerdo. Así, las entidades financieras españolas que operan en EE UU quedan exoneradas de la retención del 30% en los pagos que perciban de fuente estadounidense.
Para la Hacienda española, Fatca supone un cambio de paradigma en las relaciones de las Administraciones tributarias y servirá como punto de partida para "avanzar hacia un sistema internacional de intercambio automático de información fiscal". El tiempo dirá si esas palabras resultan excesivamente optimistas.
Reducción a la mitad de los paraísos fiscales
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, señaló ayer durante un encuentro con la prensa que el Gobierno está acelerando la firma de convenios e intercambio de información con países que tienen la consideración de paraíso fiscal.
Por ejemplo, ya han entrado en vigor pactos tributarios con Panamá, Andorra, Aruba, Bahamas, Curaçao, San Martín y San Marino. Y, próximamente, se finalizarán los trámites para establecer un intercambio de doble imposición con Bermudas, Guernsey, Islas Caimán, Islas Cook, Isla de Man o Jersey, entre otros.
De hecho, el número de paraísos fiscales que contempla la legislación española ascendía a 48 jurisdicciones cuando se aprobó la lista. Este número bajará a la mitad en el próximo año, según fuentes de Hacienda, que confía en que la presión internacional acabará definitivamente con los llamados territorios offshore. Los acuerdos tributarios permiten que Hacienda requiera y reciba información de contribuyentes españoles que tienen cuentas y activos en estos paraísos fiscales que, hasta ahora, eran conocidos por ser el refugio de evasores tributarios. Por otra parte, Ferre recordó que Suiza, previsiblemente, aprobará en breve facilitar información por grupos de contribuyentes en lugar de ofrecer datos solo tras un requerimiento previo de la Agencia Tributaria.
Ferre recordó, además, que en el primer trimestre del próximo año, los contribuyentes deberán presentar una declaración informativa acerca de los bienes que tengan en países extranjeros. Supone una medida relevante ya que si Hacienda descubre algún activo no declarado lo imputará como ganancia patrimonial, aunque el bien proceda de un ejercicio no prescrito. Los asesores fiscales reconocen que el cambio normativo ha elevado el interés de los contribuyente por acogerse a a la amnistía fiscal.
