El presidente del Gobierno descifró ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados una vasta batería de decisiones presupuestarias para llevar el déficit fiscal por debajo del 3% en 2014 y estabilizar la deuda pública, como condición imprescindible para bajar el coste de la financiación exterior, único motor del crecimiento en una economía atenazada por el endeudamiento y la falta de ahorro interno. Adelantó un ajuste en las cuentas públicas por valor de 65.000 millones de euros para aplicar en los próximos treinta meses, tras el alivio en el ritmo de consolidación permitido por Bruselas: 6,3% de déficit este año; 4,5% en 2013; y 2,8% en 2014.
Mariano Rajoy justifica el paquete de medidas restrictivas como una "condicionalidad económica impuesta a España por tener déficit excesivo, como otros 16 países de la Unión Europea", y en absoluto como contraprestación al crédito millonario para sanear la parte fallida de la banca.
Se trata de un programa económico ajustado para dos años y medio, que en gran medida es una intensificación de las decisiones de enero pasado y en buena parte un secuestro definitivo del programa económico con el que el Partido Popular ganó las elecciones hace menos de un año. Salvo en la intensiva política de reformas estructurales, Rajoy ha cambiado el rumbo de toda la maquinaria de la política económica para hacer frente al súbito y creciente deterioro de la actividad y al acoso de unos mercados financieros con crecientes sospechas sobre la viabilidad del Estado español y de su capacidad para honrar sus propias emisiones de deuda. De hecho, el bono a 10 años, esa referencia mundialmente aceptada como precio al que se financia la economía, cotiza cerca del 7%; una tasa de todo punto desincentivadora de la toma de crédito y de la inversión privada.
Tras las decisiones políticas de Bruselas tendentes a la construcción de una unión fiscal, los primeros pasos hacia la unión bancaria y la posibilidad de adquirir deuda soberana con el fondo de rescate europeo, Rajoy ha correspondido con una batería de cambios que supone una brutal vuelta de tuerca a la política de ajustes iniciada en enero para tratar de embridar las cuentas públicas, y cuya posibilidad estaba de nuevo en cuestión por la caída de los ingresos públicos y la aparición de nuevas fuentes de gasto. "Es misión de mi Gobierno -dijo el presidente- cumplir con el objetivo de déficit marcado, y nuestros socios esperan que lo hagamos; no tenemos otra opción, porque la factura de la deuda hay que pagarla, y no podemos poner en riesgo los servicios públicos".
En un discurso varias veces interrumpido por diputados de distintos grupos de la oposición más radical, y largamente ovacionado por la bancada popular al terminar, Mariano Rajoy admitió la toma de decisiones duras "que nunca creí que tendría que tomar" para "poder superar la dramática herencia económica recibida", que ha supuesto que "la deuda pública termine este año en el 79,8% del PIB, cuando en 2007 estaba en el 36%". Ayer pidió un esfuerzo a casi todos los colectivos económicos y sociales de la nación para "cumplir el mandato que la ciudadanía nos ha dado: Saquen a España de la situación en la que está".
Habrá una dura subida del IVA, desde el 18% al 21% en el tipo general y del 8% al 10% en el tipo reducido; se suprimirá una paga extra a los funcionarios; se recortará el seguro de paro a los nuevos desempleados; se reducirá el número de concejales y se limitará el sueldo de los alcaldes; se subirá el tabaco y se creará un impuesto verde; se recortará otra vez la subvención a partidos políticos y sindicatos; se paralizará un crédito presupuestario de 600 millones de euros para este año; se buscará una revalorización de pensiones más sostenible, así como otro mecanismo de prejubilación; entre otras. Y como único respiro se reducirá un punto en 2013, y otro adicional en 2014, la cuota empresarial a la Seguridad Social.
Las medidas impositivas entrarán en vigor en cuanto sean publicadas en el BOE, tras su aprobación por el Consejo de Ministros de mañana, viernes, y aquellas de carácter regulatorio (administración local o pensiones) lo harán a medida que se ejecute su aprobación política y validación parlamentaria.
El Gobierno ha optado por decisiones que reducen el déficit estructural, pues el compromiso con Bruselas reza que en este ejercicio debe reducirse en 2,7 puntos de PIB, además de otros 2,5 puntos en 2013 y 1,9 más en 2014. Por ello, las subidas de impuestos anunciadas ayer no tienen retorno, como no tiene retorno la eliminación de la paga extra a los funcionarios, salvo a partir de 2015 y en forma de aportaciones públicas al fondo de pensiones con que cuenta este colectivo. Queda por aclarar, Rajoy no lo hizo ayer al menos, el destino definitivo de la fuerte subida del IRPF de enero pasado, que inicialmente tenía carácter temporal por dos años, hasta enero de 2014.
En un tono que recordaba la gravedad con la que su predecesor en el cargo, Rodríguez Zapatero, asumió los primeros recortes de gasto en mayo de 2010, cuando por indicación europea se comenzó a admitir que España había comido demasiado y debía someterse a una cura de adelgazamiento, Rajoy enmarcó recortes de gasto y las subidas de impuestos en el marco del paso decidido hacia la integración europea nacido de la cumbre de junio, que supone también una pérdida notable de soberanía.
Al igual que aludió a los compromisos adquiridos con los socios europeos y de ellos con España ("no será un proceso fácil la ratificación de todo lo que hemos pactado en Bruselas, porque tienen que mediar decisiones de varios Parlamentos, y habrá declaraciones desafortunadas que no ayudarán", comentó), pidió comprensión política interna, y colaboración a todas las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, de todo signo político. A su juicio, "España tiene solución, porque conserva fortalezas económicas, estructurales, demográficas y morales; nos llevará tiempo, y aunque estas medidas duelen, España tiene el coraje de asumir esta disciplina; se lo debemos a los 5,6 millones de parados", apuntó.
Tono comprensivo de la oposición
En una sesión que hizo las veces del hurtado debate anual sobre el estado de la Nación, de rendición de cuentas de la cumbre europea de junio y de explicación del rescate bancario, Rajoy encontró un tono de comprensión en el Partido Socialista, y puntualmente crítico en otras formaciones habitualmente más ácidas.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, únicamente puso objeciones a la subida del IVA y a la falta de un mayor esfuerzo por parte de las grandes fortunas, y pidió explicaciones adicionales sobre el rescate a los bancos con problemas, además de lamentar que se culpabilice del fracaso en el control del déficit, con nuevos sacrificios, a los desempleados y a los trabajadores del sector público. El nuevo paquete de medidas fiscales de Rajoy supone también una reformulación del escenario macroeconómico, en el que el crecimiento deberá sufrir por la pérdida de renta disponible de la ciudadanía. Los expertos alertaron sobre esta posibilidad por la fuerte subida del IVA, aunque mayoritariamente aceptan como válido el programa para restablecer el crédito entre los financiadores.
Los mercados financieros hicieron un primer análisis positivo, con una caída de unos 20 puntos en la prima de riesgo (hasta 530, con el bono en el 6,7%), y un ligero avance bursátil, pero no lo consideran definitivo en absoluto, si no tiene el apoyo de otros instrumentos financieros de las instituciones comunitarias, en las que la UE, por cierto, ha embargado su palabra. La economía real, por su parte, criticó la fuerte subida de impuestos y su efecto estimado sobre un consumo ya lastrado. Algunas compañías, como Inditex, anunciaron que absorberán el alza de IVA en sus márgenes.
"Solo es sostenible con unas cuentas saneadas"
El futuro de la economía. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justifica los duros ajustes aplicados en el gasto público estructural y las severas subidas de impuestos en "el cambio de las circunstancias, a las que debo adaptarme". Asegura que "yo no he cambiado; siempre dije que bajaría los impuestos, y lo haré cuando se pueda; pero ahora han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas; es nuestra obligación". Parecido meridiano con el discurso de Zapatero en mayo de 2010, cuando anunció un plan de ajuste de 15.000 millones "me cueste lo que me cueste", en lo que fue el inicio del reconocimiento de que España había engordado demasiado deprisa.
Rajoy, como liberal militante, es firme defensor de la consolidación fiscal como instrumento para recuperar la financiación y el crecimiento. Puso como el norte los 5,6 millones de parados, y solemnizó que "España tiene solución". "Duele hacer estas cosas; pero tenemos que hacer este esfuerzo para salvar lo común", dijo Rajoy. "Si no nos sacrificamos, no salvaremos nada; tenemos que sacrificarnos para salvar lo común que tenemos y hemos construido juntos". Aseguró que España tiene fortalezas económicas, estructurales, demográficas y morales para superar la situación", y para ello reclamó la colaboración política. "No recortaremos las ambiciones de España, al menos mientras yo presida este Gobierno que los españoles han elegido para superar la herencia recibida". "¿Tiene España coraje para mantener esta disciplina fiscal durante tanto tiempo?", se preguntó Rajoy: "Lo tiene y lo tendrá".
Bancos intervenidos. El presidente del Gobierno hizo ayer su particular interpretación del memorándum de entendimiento sobre el rescate bancario, que recomienda eliminar por liquidación las entidades financieras no viables. Para Mariano Rajoy, la política del Gobierno se centrará en sanear los balances de las entidades ya nacionalizadas, como se ha hecho ya con otras en el pasado, y posteriormente venderlas para recuperar parte de los recursos invertidos. A su juicio, la liquidación puede resultar mucho más cara que sanear y vender. Ante las críticas de diputados de la izquierda radical, aseguró que no se sentía especialmente cómodo teniendo que nacionalizar un banco, "pero lo he hecho porque no quedaba otro remedio".
Estado de bienestar. Las críticas acerca de los recortes en el Estado del Bienestar fueron replicadas por Mariano Rajoy con el argumento de la sostenibilidad, únicamente garantizada con unas cuentas públicas sanas. Llegó a recordar que España había gastado en 2011 unos 90.000 millones de euros más de los que había ingresado en todas sus administraciones públicas, lo que supone -comentó- que tenemos que pedir dinero para pagar el desempleo, o incluso para pagar la paga extra a los funcionarios. ahora eliminada. Citó algunos datos del nivel de endeudamiento externo de algunos países europeos, todos ellos en valores razonables, frente a los 900.000 millones que tenía España, prácticamente el 90% del PIB.
