Tanto el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, como el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, invitaron este lunes a todos los países de la eurozona a que utilicen el margen de flexibilidad que permite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y aumenten el gasto público para sostener la demanda y amortiguar la recesión.

Al ser preguntado por si el Gobierno seguirá esta recomendación y adoptará nuevas medidas de estímulo fiscal, Solbes afirmó que "nosotros hemos agotado prácticamente nuestro margen de política discrecional porque hemos hecho mucho".

"España ha hecho una aportación a lo largo del año del orden de 20.000 millones de euros en términos de gasto o de menor ingreso y otros 20.000 millones de euros en términos de avances de tesorería", indicó el vicepresidente en rueda de prensa tras la reunión de ministros de Economía de la UE.

"Por lo tanto, yo creo que España, en ese sentido, el trabajo que podía hacer lo ha hecho ya", concluyó Solbes.

La banca no estará obligada aplazar el pago de las hipotecas

El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, aclaró hoy que la banca no estará obligada a aplicar la moratoria en el pago de las hipotecas planteada por el Gobierno para los parados, pero incidió en que las cantidades aplazadas serán garantizadas por el Estado.

Solbes subrayó que los préstamos hipotecarios son contratos privados y, por eso, "les pedimos (a los bancos) que den esta posibilidad" a los clientes que lo soliciten.

El Consejo de Ministros aprobará el viernes la medida que permitirá a los desempleados y a los autónomos con cargas familiares afectados por la crisis atrasar el pago del 50 por ciento de su hipoteca, con un límite de 500 euros al mes.

Las cantidades aplazadas serán garantizadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y tendrán que devolverse desde enero de 2011 en un máximo de diez años.

En una pausa de la reunión del Ecofin (Consejo de Ministros de Finanzas de la UE), Solbes indicó que el Gobierno ha discutido la medida con la Asociación Española de Banca (AEB) y con la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), aunque todavía debe perfilar con el sector algunos detalles.

Dado que se trata de contratos privados, lo que hará el Gobierno es pedir a las entidades que permitan acogerse a la medida a los titulares de hipotecas que lo soliciten, explicó el vicepresidente.

Recordó que el aplazamiento de los pagos a clientes con dificultades es una práctica habitual de la banca, mediante acuerdos bilaterales, que ahora se verá respaldada en algunos casos con una garantía estatal por dos años. De esa manera, si el titular del crédito no pudiera finalmente hacer frente a los pagos, el Gobierno se hará cargo de las cantidades adeudadas, concluyó.