Los sindicatos amenazan con una huelga general si no se respeta el diálogo social
CC OO e IU anuncian movilizaciones si no se respeta el diálogo social. UGT prevé "un enfrentamiento indeseable" si se aprueban las propuestas de la CEOE en un Día del Trabajo marcado por la crisis.
Miles de personas, 65.000 según los organizadores y 6.000 según la Policía Nacional, participaron hoy en la Fiesta del Primero de Mayo de CCOO y UGT, en la que sus máximos dirigentes advirtieron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que no ceda a las pretensiones de la CEOE.
En sus discursos de clausura de la manifestación, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, emplazaron a Zapatero a que en el próximo Debate del Estado de la Nación envíe un mensaje claro de rechazo a cualquier iniciativa que suponga abaratar el despido o recortar salarios, protección social o pensiones.
Según Fernández Toxo, Zapatero tiene el próximo 12 de mayo una oportunidad de "oro" para decir a los ciudadanos que los cambios en su Gabinete no han sido una "operación de pura cosmética", sino que suponen un cambio de políticas para combatir la crisis.
El ministro Corbacho asegura que ya no se "atreve a hacer pronósticos" sobre hasta dónde llegará el desempleo
Entre los participantes se han visto a numerosos trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo
Es necesario, explicó, un plan de choque para atender a las personas que se están quedando sin trabajo, para lo que hay que mover los recursos públicos disponibles, gravar las rentas más altas y que el dinero que se ha dado a las entidades financieras fluya a la economía real.
Al respecto, Méndez dijo que han recibido 150.000 millones de euros de los bolsillos de los contribuyentes y las entidades financieras deben aportar "responsablemente su contribución a la crisis", inyectando liquidez a familias y empresas, porque se preguntó de "qué nos sirve tanta solvencia".
Méndez también consideró que para salir de la crisis Zapatero debe reforzar el diálogo social, así como la coordinación con las comunidades autónomas, porque gestionan "dos de cada tres euros de la inversión pública" y no pueden hacer como la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, "pedir, criticar y no hacer nada".
Ante la crisis, las comunidades tienen la oportunidad de demostrar su "utilidad" ante los ciudadanos, opinó. Ambos dirigentes sindicales también advirtieron al Parlamento de que no deben "sacar las castañas del fuego" a la CEOE y aprobar sus demandas de recorte, ya que sino habrá conflictividad con el movimiento sindical.
Mientras que Toxo avisó de que "por ahí se llega a la conflictividad" y a la "huelga", Méndez dijo que puede generar un "enfrentamiento entre las decisiones del Parlamento y los objetivos del sindicato".
El líder de CCOO afirmó que la CEOE debe ser "leal" a los compromisos contraídos en la Declaración del Diálogo Social firmado en julio de 2008, porque no se puede "de forma oportunista y desleal intentar ignorar el debate, para ver si en el río revuelto de un Parlamento de difíciles mayorías sacan partido".
El camino para salir de la crisis lo tienen que "marcar" los trabajadores y la "derecha no nos puede llevar a su terreno para defender sus intereses", opinó Toxo, quien añadió que "no convertiremos a los trabajadores en la infantería de la derecha, ni de la política".
A los "ideólogos" que pretenden ser analistas e imponer recetas neoliberales, Méndez les pidió que "no se dediquen a asustar a nuestros viejos con las pensiones y a desanimar a nuestros jóvenes prometiendo un infierno de precariedad laboral"
El PSOE se compromete a reforzar las prestaciones
El PSOE, a través del tradicional manifiesto de los partidos en esta jornada, se compromete a aumentar el salario mínimo y las pensiones mínimas y a reforzar la cobertura de desempleo para los trabajadores en situación de mayor necesidad. La "preocupación" por el aumento del paro es el argumento central del texto, en el que se explica a los trabajadores que los socialistas están movilizando todas sus energías "para conseguir que aquellos que han perdido su empleo lo recuperen en el menor tiempo posible". Además, reclaman el apoyo de los gobiernos autonómicos y exigen a la oposición política "altura de miras y corresponsabilidad en la gestión de la crisis económica".
Por su parte, el PP ha hecho hoy un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales "para consensuar el cambio que propicie la vuelta al crecimiento económico, la inversión y la creación de empleo". En un manifiesto, el primer grupo de la oposición considera que la sociedad española está exigiendo este consenso en unos momentos en los que el desempleo "azota con más fuerza que nunca".
También desde la oposición, Izquierda Unida ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que participen en los actos de la jornada, así como para que voten el próximo 7 de junio en las Elecciones Europeas, con el objetivo de salir de la crisis. Según indica en su manifiesto, "las elecciones europeas son muy importantes para la salida de la crisis" ya que el problema de "más y mejor trabajo se resuelve en Europa". IU critica en este sentido que las del Gobierno "son ineficaces", porque "el paro sigue aumentando y la destrucción de empleo". Por ello, consideran que "solo mediante la movilización, incluida la huelga general", será posible "el giro necesario en la política del Gobierno para lograr una salida de la crisis favorable a los trabajadores".
Referencias a Seat en Barcelona
"Plantemos cara a la crisis. Trabajo estable y protección social" es el lema de la pancarta que ha encabezado la manifestación que ha partido a las 11.30 desde la plaza de la Universidad de Barcelona. Al frente de la misma se han situado los secretarios generales de las dos principales organizaciones convocantes, Josep María Alvarez desde UGT y Joan Carles Gallego, de CC OO. Ambos han coincidido en señalar en la importancia de la unidad sindical en un contexto de crisis, y a pesar de la desavenencias mostradas entre ambas centrales por el caso Seat.
Los peores datos del paro en 50 años
El panorama laboral español es, según los datos publicados en los últimos días, más oscuro que en el resto de Europa. En febrero, la mitad de los nuevos parados registrados en la Unión Europea en el último año residían en España y los datos de marzo elevan esa proporción a dos de cada tres, hecho que se refleja, sobre todo, en el fuerte descenso del gasto de los hogares españoles.En el primer trimestre de 2009, el consumo y la inversión han superado las peores cifras de la recesión de 1993, la última sufrida por la economía española. Además, el retroceso del PIB, que sólo entre enero y marzo se precipitó un 1,8%, supone el peor dato desde los meses posteriores al plan de estabilización franquista de 1959.
Polémica por las pensiones
Pero el consumo no ha sido el único afectado por el drástico aumento del desempleo, también peligra el sistema de pensiones. El gobernador del Banco de Espala, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advirtió hace unos días de que la crisis está afectando de lleno a las cuentas de la Seguridad Social. Según Ordóñez, se está produciendo un "rápido deterioro" en el superávit, conseguido gracias a los 11 años consecutivos de excedentes, y recomendó la adopción de medidas como retrasar la edad legal de jubilación y desincentivar las prejubilaciones.Sin embargo, estas declaraciones del gorbernador sobre el deterioro del superávit fueron rápidamente contestadas por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que reprochó a Ordóñez la inseguridad e intranquilidad que podían traer sus palabras a los más de ocho millones de pensionistas españoles y aseguró que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social asciende a 57.000 millones de euros, la cifra más alta de su historia.
El despido, más barato
Otro de los frentes abiertos este 1º de Mayo es el del coste del despido. Mientras la patronal CEOE ha expresado en repetidas ocasiones que desea el abaratamiento del despido, la rebaja de las cuotas sociales y la de impuestos, además de que los despidos colectivos (ERE), no precisen el visto bueno de las autoridades.Tanto el Gobierno socialista como los sindicatos han rechazado dicha posibilidad. El propio presidente ha asegurado que no se abaratará el despido, mientras los sindicatos han subrayado que la intensidad con la que se destruye el empleo delata que el coste de los despidos no es elevado.