El Pleno del Senado instó ayer al Gobierno a aprobar una normativa para someter a un régimen de autorización e intervención específico a las empresas de crédito privado que no tengan la categoría de 'establecimientos financieros de crédito', y que se dedican fundamentalmente a la reagrupación de créditos.

La Cámara Alta reclama una normativa que aumente la protección de los consumidores. La norma debería establecer la inscripción obligatoria en un Registro Público de los prestamistas y de los intermediarios de créditos, y fijar un régimen de supervisión administrativa de los contratos tipos de las empresas de crédito privado.