El seguro obligatorio para daño ambiental cubrirá hasta 20 millones

Una de las industrias más afectadas por la ley será la petrolera. Gonzalo del Castillo, director de Medio Ambiente de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), apunta que es una ley que va más allá de lo que apunta la propia directiva. 'La industria del refino y del transporte de petróleo son actividades seguras, pero los accidentes son catastróficos', dice. 'No se nos puede comparar con el vertido de Boliden, dónde la responsabilidad era clara y la empresa se declaró en suspensión de pagos para evitar el pago de las indemnizaciones', señala. A su juicio, apunta que habría que desarrollar en positivo el concepto de la responsabilidad mancomunada (en el proceso de transformación del petróleo intervienen muchos operadores) y que la garantía financiera no debería ser obligatoria, 'ya que no lo es en la directiva'.

El anteproyecto de ley, que ya ha sido enviado al Consejo de Estado y al Consejo Económico Social, establece como una de sus principales novedades que la responsabilidad de los daños será mancomunada. Esto significa que cada implicado en un accidente ecológico tendrá que responder por la parte que le corresponda. En un primer momento, la norma planteaba una responsabilidad solidaria, de tal manera que el operador más grande o con más recursos económicos sería el que tendría que responder por el resto.

La ley, que transpone una directiva y debe entrar en vigor el 30 de abril de 2007, establece tres tramos de empresas en función de la cuantificación del daño ecológico potencial en el que puedan incurrir. En el último se incluye las que puedan superar los dos millones de euros, a las que se les obliga a suscribir una garantía financiera para cubrir los posibles daños. Una exigencia no incluida en la directiva y que la Comisión ha dejado a la libre decisión de cada país. España se adelantó al resto de sus vecinos y estableció esa obligación para que las empresas cubrieran sus daños a partir de dos millones y hasta un máximo de veinte a través de un seguro, un aval financiero o una provisión de fondos.

El límite de 20 millones se ha fijado, según fuentes de la patronal, ante la posibilidad de que las aseguradoras se negarán a suscribir pólizas por esas cantidades. 'Además el 99% de las empresas afectadas, en torno a 5.000 o 6.000 compañías, no podrán incurrir en daños medioambientales superiores a esa cuantía', apuntan. En la memoria del anteproyecto se destaca que el seguro servirá para que 'las empresas no se puedan declarar insolventes, para que el daño quede reparado y para que el pago de las indemnizaciones no provoque cierres empresariales'.

Pero la limitación es exclusiva para el seguro, no para el daño causado. Si este supera los 20 millones de euros, el resto será pagado por el causante del daño. æpermil;ste deberá responder, según lo que figura en el artículo 4, 'en los treinta años posteriores desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente'.

El problema surge porque para la contratación del seguro, antes hay que desarrollar un modelo que mida el nivel de riesgo de cada empresa y cuantifique el daño con el fin de establecer un límite para la póliza. Medio Ambiente se lo ha encargado a la empresa pública Tragsatec, que está haciendo dos pruebas piloto en una explotación porcina y en una industria química, ambas ubicadas en Cataluña, que servirán, según Alicia Camacho, secretaria general técnica de Medio Ambiente, 'para ir puliendo el método de cálculo de la biodiversidad'. El método estará listo a finales de 2008, así que el seguro no estará disponible y, por lo tanto, no se podrá contratar hasta principios de 2009.

Hasta esa fecha, la única solución para las empresas pasa por cubrir esos daños a través del Pool de Riesgos Medioambientales, una entidad formada por 20 aseguradoras y 8 reaseguradoras. José Luis de Heras, portavoz del Pool, señala que sus seguros cubren algunas de las responsabilidades previstas en la directiva, pero no se adaptan a ella. De Heras avanza que se están empezando a hacer productos que se adecuen a la norma, aunque dice 'que habrá aspectos que no se podrán garantizar, como los daños voluntarios o el incumplimiento voluntario de normas'.