Desde que comenzó la crisis en 2008, la Seguridad Social ha perdido casi tres millones de cotizantes. Esto ha supuesto que este organismo ha dejado de ingresar una media de 4.163 millones de euros cada año de las cotizaciones sociales que abonan empresarios y trabajadores. Este es el cálculo facilitado ayer por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que compareció en el Congreso de los Diputados para explicar los motivos del Gobierno para no actualizar las pensiones con el IPC este año, tal y como le exige la ley.
Así, esta pérdida acumulada de ingresos que suma más de 20.000 millones desde el inicio de la crisis fue uno de los datos que esgrimió ayer Báñez para intentar justificar la no compensación del desvío del IPC a los pensionistas.
Esta crítica situación financiera que atraviesa la Seguridad Social se ha visto agravada -según explicó la ministra- por otras "tensiones de liquidez" como la creada por los aplazamientos de pago de las empresas por valor de 2.400 millones a diciembre de este año, que han aumentado un 33% respecto a lo aplazado por las compañías en 2011.
Dicho esto, la ministra de Empleo pasó directamente a culpar a la herencia socialista de la mala situación de las cuentas del sistema. En concreto, acusó al anterior ejecutivo del PSOE de haber financiado impropiamente prestaciones no contributivas por valor de 40.000 millones de euros entre 2005 y 2011.
Asimismo, Báñez reprochó a los socialistas que usaran el fondo de reserva en la sombra, al no haber ingresado en la hucha de las pensiones los casi 15.000 millones de excedentes generados en 2008 y 2009, que fueron utilizados para otros pagos, "sin luz y taquígrafos".
A esto añadió la "obligación" del Gobierno de cumplir con el objetivo de déficit marcado por Bruselas, que se habría incumplido en más de dos décimas de haberse actualizado las pensiones.
Pero ninguno de estos argumentos convenció a los portavoces de los grupos parlamentarios que escucharon a Báñez ayer en la Comisión. Todos, salvo la representante del PP, acusaron a Báñez en mayor o menor medida de "mentir" por haber asegurado que se actualizarían las pensiones y haber incumplido después esa promesa.
Según la portavoz socialista, Isabel López i Chamosa, "si la Seguridad Social tiene problemas es por los efectos de la reforma laboral, que ha destruido 700.000 empleos, rebajado los salarios y las bases de cotización un 25%; permitido los despidos masivos de los padres, que cotizaban más, para contratar a los hijos con salarios un 60% inferiores". Mientras que el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, fue más allá y pidió directamente la dimisión de Báñez.
Diferencias entre congelar, actualizar y revalorizar
La comparecencia de Fátima Báñez en el Congreso se convirtió ayer por momentos en un combate de boxeo donde la oposición en bloque atacaba a la titular de Empleo reprochándole su decisión de no actualizar las pensiones, y ésta intentaba esquivar los ganchos culpando de todo a la herencia socialista y criticando una y otra vez la congelación de las pensiones decretada por el PSOE en 2011. Mientras la oposición acusaba a Báñez de recortar el poder adquisitivo de los pensionistas, por no compensarles el desvío del IPC en 2012, la titular de Empleo se defendía negando esta acusación "porque el Gobierno ha revalorizado todas las pensiones en 2013 y no las congelará como hicieron los socialistas".
¿Quien miente y quien dice la verdad?. La clave está en los conceptos:_actualizar, revalorizar y congelar las pensiones. La ley obliga a actualizarlas en función del desvío del IPC de cada año y a revalorizarlas (subirlas) según la inflación prevista para el año siguiente.
Y tiene razón los que reprochan al Gobierno la pérdida de poder de compra de los pensionistas del 1,9% por no compensarles por el desvío al alza de los precios este año. Pero también tiene razón el Ejecutivo cuando dice que sí ha cumplido con la obligación legal de subir un 1% las pensiones en 2013 y, algo más de lo exigido (un 2%) las de menos de 1.000 euros, a diferencia de la congelación de los socialistas, que ni revalorizaron ni actualizaron la mayoría de las pensiones en 2011, con la excepción de las mínimas.
