La Ley 27/2011 que recogió la última reforma de las pensiones que aprobó, entre otras cosas, el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, incluía otros asuntos menos trascendentes que ahora cobran actualidad. En concreto, aquella ley recogía una disposición adicional (la número 38) que establecía cómo el Gobierno debía buscar en seis meses fórmulas para "cancelar, en el plazo de diez años, en el balance patrimonial de la Seguridad Social los préstamos concedidos por el Estado para compensar las insuficiencias de financiación del Insalud" a lo largo de los años previos al inicio de la separación de las fuentes de financiación.
Para ello la norma preveía también que la Seguridad Social entregara en pago de dichos préstamos a la Administración General del Estado, la titularidad de sus edificios y equipamientos relacionados con la asistencia sanitaria y los servicios sociales. El resto de inmuebles, que albergan actividades administrativas y de gestión de la Seguridad Social u otras relacionadas con las mutuas de accidentes de trabajo, quedaban exentos de ser cedidos.
Según el primer inventario que han hecho los responsables de la Seguridad Social, existen alrededor de 2.326 edificios afectados por esta situación, cuyo uso en la actualidad está adscrito a las comunidades autónomas, como consecuencia del proceso de transferencias de las competencias sanitarias, pero cuya titularidad no les pertenece. Esto supone que las regiones no pueden vender dichos edificios, ni trocearlos para otros usos.
Si bien la citada disposición adicional abría la puerta a la cesión de su titularidad a las comunidades, con lo que podrían ponerlos en venta. Ahora, elMinisterio de Empleo ha bloqueado esta posibilidad. Según anunció el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en su comparecencia
para explicar las cuentas de su departamento para 2013, "se va a proteger el patrimonio del sistema de Seguridad Social, manteniendo la titularidad del conjunto de bienes inmuebles integrantes
del mismo, algo que se había puesto en cuestión con la aprobación de
la Ley 27 del año 2011". Acto seguido, Burgos anunció que una "disposición derogatoria" en los Presupuestos de 2013, mantendrá la titularidad de los 2.326 inmuebles en cuestión dentro del patrimonio de la Seguridad Social.
Hasta ahora, los anteriores responsables socialistas solo habían iniciado negociaciones con la Generalitat de Cataluña por la propiedad de estos edificios, pero fuentes de esta Administración aseguraban ayer que "veían la operación a muy largo plazo" y por ello aún no contaban presupuestariamente con el dinero de la venta de estos edificios.
