Es necesaria una revisión integral de la función pública". Con esta frase, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso disipar las dudas sobre la necesidad de someter a las Administraciones públicas a un severo proceso de adelgazamiento. Y justificó la puesta en marcha de este tratamiento con datos. "Desde el inicio de la crisis se han destruido 2,9 millones de empleos en el sector privado, mientras que el público ha incrementado sus plantillas en 289.000 personas", recalcó durante su intervención en el Pleno del Congreso. Rajoy avanzó, por lo tanto, que a la paralización de la oferta de empleo público (no se cubren las vacantes que dejan los jubilados, excepto en el caso de policías, jueces y otros colectivos) se deberán adoptar otras medidas adicionales. Y entre ellas destaca la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a todos los empleados públicos, con la que se pretende lograr un ahorro de 4.000 millones de euros.
Se trata de la segunda rebaja de sueldo a los funcionarios en tres años. La primera la aprobó el anterior presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que en mayo de 2010 decidió, presionado por la Comisión Europea, un recorte medio del 5% en el sueldo de todos los funcionarios. Esa medida no se prorrogó al siguiente ejercicio, pero los funcionarios no recuperaron el poder adquisitivo perdido. Ahora se les suprime la paga de Navidad que, dependiendo del nivel de ingresos de cada empleado, supone un ajuste de entre el 7% y el 13% del salario anual.
Reducción de plantillas
Rajoy detalló en su exposición que los empleados públicos recuperarán el poder adquisitivo perdido a través de aportaciones al fondo de pensiones a partir de 2015, lo que disparó los rumores sobre el hecho de que la supresión de la paga no fuera solo para este año, sino que podría extenderse a los dos siguientes. Fuentes del Ejecutivo desmintieron que la paga vaya a suprimirse también en 2013 y 2014. Ello, sin embargo, no significa que la medida se pueda adoptar a posteriori si la coyuntura económica se deteriora. El anuncio incendió a los sindicatos de la Administración pública.
En un primer momento, CSI-F, el sindicato más representativo de la función pública, anunció movilizaciones en julio y agosto y amenazó con la convocatoria de una huelga general en septiembre, algo que se debatirá en el seno de la comisión nacional del sindicato, que se reúne mañana. "Hablamos de policías, médicos, docentes, personal de juzgados, de instituciones penitenciarias, enfermeros, carteros, personal de oficina, atención al público y servidores públicos que todos los días se dejan la piel para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelarlos", subrayó el presidente del sindicato, Miguel Borra. "No puede ser que los empleados públicos volvamos a ser los paganos de la caja de ahorros del Estado cada vez que se nos anuncie una nueva mala previsión económica o un dato negativo", aseveró.
La reunión mantenida a primera hora de la tarde con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en el marco de la Mesa de la Función Pública apenas sirvió para templar los ánimos. Los sindicatos se levantaron de la mesa donde estaba prevista la reunión. "Los empleados públicos arrastran un recorte salarial del 5%, producido en 2010 y dos congelaciones salariales en 2011 y 2012, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo del 21% en esos tres años", remarcó enojado Borra.
La supresión de la paga extra a los funcionarios, sin embargo, parece ser tan solo el primero de una larga serie de ajustes. Y el siguiente puede ser la reducción del número de empleados en las plantillas de ayuntamientos y comunidades, así como una reducción importante del número de empresas de titularidad pública. Rajoy no fue muy claro en ese aspecto y tan solo hizo referencia a la eliminación de entes públicos en el ámbito local. El Ejecutivo tiene en su punto de mira a 690.000 contratados laborales, que tienen todas las papeletas para empezar a abandonar sus puestos de trabajo si la coyuntura así lo requiere.
Otras medidas que anunció el presidente del Gobierno se refieren a la reducción de los días de libre disposición, más conocidos como moscosos (en la actualidad cada empleado público dispone de seis a lo largo del año) y al ajuste del número de liberados sindicales "a lo dispuesto estrictamente en la ley", tal y como puntualizó Rajoy.
Otra modificación que supondrá un importante ahorro de dinero se refiere a la rebaja en las prestaciones por incapacidad temporal. Hasta ahora, los funcionarios cobraban íntegro su salario durante el tiempo que permanecían de baja. En el momento en el que se apruebe el decreto-ley, los empleados públicos dispondrán del mismo régimen que los del sector privado, que establece que se cobra el 60% del salario entre el cuarto y el vigésimo día de baja y el 75% a partir del vigésimo primero. Con esta medida se persigue además reducir los elevados niveles de absentismo en la función pública.
Otras reacciones
Senadores y diputados. El presidente del Senado, Pío García-Escudero, convocó a la Junta de Portavoces para el próximo martes con el fin de solicitar la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a todos los senadores. "El sacrificio tiene que ser de todos y nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, ser consecuentes y solidarios", aseguró García-Escudero. Un movimiento similar se espera en el caso de los diputados.
Cataluña. La vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Joana Ortega, aseguró ayer que la intención del Ejecutivo es que no se acumule la supresión de la paga extra decretada por Rajoy con los ajustes aprobados por Artur Mas. La única manera de hacerlo, en el caso de que el ajuste presentado por Rajoy tenga rango de norma básica, será aprobar un nuevo complemento que compense ese ajuste.
Madrid. Madrid también aprobó una rebaja del 3,3% en el sueldo de los empleados autonómicos. La presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, anunciará hoy, tras la reunión del Consejo de Gobierno, su posición respecto al ajuste de Rajoy. Fuentes del Ejecutivo regional apuntan, sin embargo, que los recortes nacionales y autonómicos se sumarán hasta representar una rebaja superior al 8% en el salario bruto anual.
