Cinco Días / MADRID (09-05-2008)
No todas las esferas judiciales sintonizan con el diagnóstico que el Consejo General del Poder Judicial ha realizado del colapso que sufren los juzgados encargados de la ejecución de sentencias, con más de 270.000 fallos en trámites de ejecución. La Unión Progresista de Secretarios Judiciales denunció ayer el hecho de que el Consejo no reconozca responsabilidad alguna en su propio servicio de Inspección, al tiempo que abogó por la implantación 'seria y comprometida' de la Oficina Judicial aprobada en 2003 por ley orgánica.
Esta norma establece que la ejecución de sentencias se residencie, en la medida de lo posible, en los servicios comunes procesales en ella previstos y dirigidos por un secretario judicial.
La Unión Progresista reclama también la aprobación de una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal adecuada a las circunstancias socio-jurídicas en que ha de ser aplicada y en la que se asignen de forma expresa y precisa, funciones decisorias y ejecutorias a los miembros del cuerpo superior jurídico de secretarios judiciales.
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