La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que si hay retrasos en la reforma local es porque el Ejecutivo quiere evitar que se produzcan distorsiones en servicios como la educación o la sanidad y quiere que el reparto de competencias sea eficaz.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta justificaba así que hoy tampoco se haya tomado la decisión de remitir al Consejo de Estado el texto de la reforma de la administración local. Además, ha precisado que está en la Comisión de Subsecretarios y que se ha decidido, antes de enviarlo, que vuelva a ser revisado por los ministerios.
Santamaría ha insistido en que hay "una serie de problemas técnicos", que para ellos son importantes al abordarse el reparto competencial, y afectar a la vertebración y organización territorial del Estado. También ha agregado que, "al fijar el escalón municipal de competencias", afecta también a las del Estado o de las comunidades autónomas, por ello los ministerios analizan y estudian "quien es en cada una de las materias el más adecuado para llevarla a cabo", según el ordenamiento jurídico.
La educación y la sanidad "son muy importantes", por lo que la evolución del reparto competencial ha sido muy amplia y dispar. Por ello, ahora "es necesario que quede muy bien definido cómo se va a hacer ese reparto", así como los pasos transitorios, para evitar, "lo que preocupa al Gobierno", que haya cualquier tipo de distorsión que pueda afectar a esos "servicios tan fundamentales".
A su juicio, "como el tema es de tal calado y afecta tanto a la arquitectura territorial del Estado" se está analizando muy detalladamente en un grupo de trabajo creado ad hoc por los ministerios afectados. Ha subrayado que el reparto competencial es analizado "con mucho cuidado" por esos departamentos, que estudian también las fases de derecho transitorio que hay que hacer para poder pasar de una gestión que puede ser municipal a otra autonómica o la inversa "de una manera muy ordenada y sin ningún problema".
La vicepresidenta ha subrayado que hasta que no tengan la tranquilidad de que está perfectamente diseñado, el texto no se enviará al Consejo de Estado.
La futura ley de racionalización y sostenibilidad de la administración municipal pretende ahorrar 3.500 millones de euros, evitar duplicidades y clarificar las competencias de los ayuntamientos. En este proyecto, el Gobierno fijará la competencia exclusiva e íntegra de la sanidad, la educación y los servicios sociales en las comunidades autónomas para desligarlas con una mayor precisión de las competencias locales. En el marco de la reforma, se pretende tambiém modificar la ley electoral para reducir el número de concejales que se elegirán en los comicios de 2015 y poner un tope al sueldo de los alcaldes.
