El BOE publicó el viernes la resolución del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la que se relacionan los 417 medicamentos -la mayoría para tratar dolencias menores- que dejan de ser financiados por el Sistema Nacional de Salud. Desde el 1 de septiembre, con carácter general, el precio de todos ellos pasará a ser abonado al 100% por el paciente, a excepción de cuando 97 que se destinen a dolencias crónicas o graves.
Al salir del ámbito de precios regulados, algunas comunidades han alertado de que el coste final para el público puede subir. La consejera de Sanidad de Andalucía, María Jesús Montero, aseguró el viernes que Sanidad "tiene que vigilar que los medicamentos que van a salir de la financiación pública no vayan a generar un crecimiento al alza en su precio, que ya no se tiene que ajustar a los precios regulados". Esta comunidad es partidaria de que se revisen los medicamentos financiados, pero siempre que sea con criterios profesionales. El sistema público cubre unos 18.000 fármacos actualmente. Almax, Duphalac, Fortasec o Hemorrane serán íntegramente abonados por el paciente.
En la resolución del viernes Sanidad establece que "los responsables de los medicamentos excluidos de la financiación comunicarán al órgano competente los precios a los que van a comercializar dichos medicamentos". Hasta que el departamento que dirige Ana Mato no dé el visto bueno, se mantendrá el precio que tuviera fijado con anterioridad a su exclusión.
Libre mercado
En declaraciones a Europa Press, el responsable de sanidad de CC OO, Antonio Cabrera, explicó que el Gobierno "no puede frenar la subida de precios en un mercado de libre competencia". En su opinión, Sanidad establece precios de referencia para los fármacos que paga la administración, pero no para los que compra un ciudadano. "Es como si pretenden regular el precio del pan, no pueden. Imagino que presionarán algo a la industria para que hagan un esfuerzo en la contención del gasto, pero lo que no pueden es garantizar que el coste final se mantendrá como hasta ahora".
La revisión de la cartera de medicamentos con financiación pública es una de las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 16/2012 de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y supondrá un ahorro de 450 millones anuales. Ya el 1 de julio entró en vigor el nuevo sistema de participación del usuario en la prestación farmacéutica, que en definitiva supone que el paciente pague más por los medicamentos financiados y que empiecen a hacerlo también los pensionistas, si bien con límites de 8, 18 y 60 euros mensuales en función de la renta. Estas y otras medidas tomadas recientemente por Sanidad supondrán un ahorro de 2.200 millones y están incluidas en el Plan Presupuestario 2012-2014 que aprobó el Gobierno.
Sanidad subraya que el objetivo de excluir de la financiación a 417 medicamentos, la mayoría vale menos de cuatro euros, es potenciar la entrada en el sistema de otros fármacos que sean necesarios para tratar enfermedades más graves e invalidantes. El médico los podrá seguir recetando, pero el usuario deberá pagarlos íntegramente.
El gasto farmacéutico en julio puede caer hasta en un 22%
El gasto farmacéutico es una de las partidas que más está costando atender a algunas autonomías, que retrasan el pago a las oficinas de farmacia. El gasto público en medicamentos despachados con receta del Sistema Nacional de Salud puede haber bajado entre un 19% y un 22% en el mes de julio, según datos provisionales enviados ya por diez comunidades al Ministerio de Sanidad.
Esta reducción es una comparación con el mismo mes de 2011, según precisó el viernes el director general de la Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Agustín Rivero. En julio pasado comenzó a aplicarse el nuevo modelo de copago de recetas de la sanidad pública.
Los pensionistas pagan el 10% de las medicinas, con límites de entre 8 y 60 euros mensuales. Los trabajadores en activo abonan en función de su renta entre el 40% y el 60%, mientras que los funcionarios asumirán el 30%.
Cataluña reclama una revisión frecuente de la lista de fármacos
El consejero de Salut, Boi Ruiz, advirtió el viernes del riesgo de dejar de financiar desde el sistema público algunos medicamentos porque puede suponer un mayor coste tanto para las arcas públicas como para los usuarios. Existe la posibilidad de que el medicamento que sustituya a alguno de los fármacos excluidos sea más caro, dijo Boi Ruiz.
"Nos da la impresión de que hay demasiados medicamentos cuya alternativa será de un coste superior", afirmó el consejero, que precisó que hasta finales de año no podrán corroborar con datos si eso sucede realmente. Por ello, defendió con mayor frecuencia se actualice la lista. "Lo lógico sería revisar cada año qué medicamentos entran y cuáles salen. Eso pasa no tanto por ser muy cuidadosos con lo que sacamos, sino con lo que ponemos. Como a veces no somos muy cuidadosos, unos años después hemos de quitar cosas".
