La sanidad española es buena, muy buena, dicen los expertos. Es universal y goza de una calidad técnica que la sitúa entre las cinco o seis mejores del mundo. Sin embargo, no es trasparente. No lo era cuando funcionaba el Insalud y aún lo es menos ahora, con diecisiete servicios de salud gestionado las prestaciones.

Su opacidad es un problema. No sólo porque en un sistema democrático lo lógico es que los gobernantes rindan cuentas ante los ciudadanos, también porque el traspaso de este bien público a las comunidades puede estar poniendo en peligro la equidad, sobre todo en momentos como el actual en que la falta de médicos resulta evidente.

En los últimos meses dos sociedades científicas han hecho saltar la señal de alarma. La Sociedad Española de Oncología ha advertido que los mejores y más novedosos tratamientos contra el cáncer no están llegando a todos los enfermos. La Sociedad Española de Cardiología, por su parte, ha criticado la inoperancia de ciertos servicios de salud a la hora de frenar el efecto devastador del infarto de miocardio. Son advertencias muy significativas. Preocupa que se esté cuestionando el cumplimiento de unos mínimos cuando el SNS tiene como garante, al menos formalmente, una Ley de Cohesión y Calidad. Si no es eficaz, tal vez sea éste el momento de revisarla.

La transparencia también será fundamental para garantizar la sostenibilidad económica del SNS, sobre todo cuando se empiece a negociar el nuevo modelo de financiación. ¿Podrán los consejeros de salud pedir dinero a sus colegas de Hacienda si nadie sabe cómo y en qué gastan los fondos que les llegan? Los créditos sanitarios ya no son condicionados.

Ante retos tan importantes, y teniendo en cuenta la soberanía de los territorios para asumir ciertas decisiones de gestión, crea cierta alarma que se abogue por la supresión del Ministerio de Sanidad. Hoy más que nunca éste resulta necesario, pero debe perder complejos y recuperar el liderazgo.