El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá sancionar a los altos cargos de cualquier Administración pública que vulneren la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Así se recoge en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que el viernes aprobó el Consejo de Ministros. En el caso de que los incumplidores sean miembros del Gobierno central, el Consejo de Ministros será el encargado de imponer la sanción.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recalcó que entre las sanciones que figuran en la ley está la relativa a la pérdida de la condición de alto cargo. "La inhabilitación, como es una pena, lo hará un órgano jurisdiccional", aclaró.
La comisión de las infracciones tipificadas en la norma tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años. Sáenz de Santamaría recordó que en el proceso de consulta pública se han recogido 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones. "Se han aceptado sugerencias de muchos ciudadanos para que los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público y los adjudicatarios de contratos públicos se sometan a la futura norma", apuntó.
Tipos de la VPO
El Gobierno decidió el viernes elevar el interés de las hipotecas de viviendas protegidas (VPO) concedidas en el marco de los planes de vivienda elaborados entre 1997 y 2008. Los nuevos tipos oscilan entre el 3,05% y el 3,39%. No se incluyen los créditos de 2009 a 2012.
