El Gobierno rumano despedirá a unos 60.000 funcionarios dentro de su plan de ahorro para controlar el déficit público y cumplir las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir los 8.000 millones que restan del crédito de 200.000 millones.

La medida, anunciada por el ministro del Interior, Vasile Blaga, se suma al recorte de los salarios a los funcionarios (un 25%), la bajada de las pensiones (un 15%) y a la subida de cinco puntos del IVA. Blaga explicó que el recorte en la plantilla de empleados públicos afectará a funcionarios de las Administraciones local y estatal.