Fuentes del Gobierno estiman que la inflación podría cerrar el mes de noviembre incluso por encima de donde está ahora (3,5%), puesto que consideran que el impacto de la fuerte subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el índice de precios no ha concluido. Se supone que el IPC recogió ya en septiembre un impacto de unas ocho décimas por la subida del citado impuesto. Pero dado que no todos los precios experimentaron la subida en septiembre por la debilidad de la demanda, lo harán en los meses siguientes a la subida legal (1 de septiembre), e irán incorporándose al IPC paulatinamente. Los expertos no descartan que el impacto lleve el índice de precios hasta una tasa interanual en los próximos meses del 4% o muy cercana.
Pero dado que ahora el Índice está en el 3,5%, los cálculos que podemos hacer sobre el coste de la revalorización de las pensiones deben limitarse a tal nivel. Así, dado que el coste anual de la nómina de las pensiones es de unos 100.000 millones de euros, una desviación de 2,5 puntos (las pensiones ya habían subido un 1% en enero por decisión del Ejecutivo), tendrá un coste de unos 2.500 millones de euros, que se abonarán a lo largo del primer trimestre del año que viene, tal como dice la norma que Mariano Rajoy asegura que cumplirá.
Tal cantidad debe computarse para determinar la nueva cuantía de la pensión con la que cada pensionista inicia el año 2013, para a posteriori efectuar la subida del 1% que también para ese año ha dictaminado el Gobierno en la Ley de Presupuestos, aun en trámite parlamentario.
Pero lo cierto es que como la actualización de acuerdo con el IPC de las pensiones se consolida en la nómina de la Seguridad Social, ha de pagarse cada ejercicio a cada pensionista hasta su fallecimiento. Un cálculo simple permite aventurar que, dado que la vida media de las pensiones de jubilación es de unos 18 años, el número medio de años que habrá que abonarse esta cantidad de 2.500 millones es de nueve. Nueve es la media entre los dieciocho años que estarán en el sistema los pensionistas que cobrarán la pensión por vez primera y un año que como máximo estarán los que fallezcan en 2013.
Por tanto, en esos nueve años la revalorización de las pensiones por la desviación del IPC de este único ejercicio costará al Estado, a la Seguridad Social, 25.000 millones de euros. Nada menos que 2,5 puntos del PIB actual, aproximadamente todo el esfuerzo de consolidación fiscal exigido durante este año con recortes en los gastos y subidas de los impuestos a la ciudadanía.
El simple abono este año, esos 2.500 millones de euros, aportará 0,25 puntos de déficit, una desviación que puede desbaratar los esfuerzos del Gobierno por cumplir el 6,3% de desequilibrio exigido por Bruselas para este ejercicio. Por ello, aunque el Gobierno insiste en abonarlo porque lo dice la legislación, bien podría dar marcha atrás a última hora si hubiere ya desviación en el déficit que se abultase excesivamente con los 2.500 millones citados. Lo que si parece claro es que las autoridades europeas han advertido al Ejecutivo de la necesidad de corregir este mecanismo de revalorización por el componente multiplicador que tiene en el gasto público. El Gobierno ha tomado nota y hará propuestas para modificarlo desde 2013.
