La morosidad no es una lacra exclusiva de las empresas y las administraciones públicas españolas. La caída de la actividad y las dificultades para financiarse también atenazan la tesorería de las compañías europeas, en especial a las portuguesas y a las italianas, que están empezando a demorar el pago a sus proveedores españoles. Así lo refleja la undécima edición del informe Línea Abierta, una macroencuesta a 900 empresas españolas que trata de comprobar las principales dificultades que tienen que abordar las compañías a la hora de vender bienes y servicios en otros países europeos. Y la primera de ellas es la morosidad. El secretario general de CEOE, José María Lacasa, ha apuntado esta mañana que ese retraso en los pagos es consecuente, no sin ciertos matices, con la situación de la zona euro. "La mitad de los obstáculos comerciales detectados obedecen a la morosidad. Es un punto clave para las pymes porque afecta a la línea de flotación de su liquidez, ya que sus clientes europeos se financian a costa suya", ha apuntado durante la presentación.
El estudio distingue entre dificultades técnicas y obstáculos comerciales. En el primer apartado destacan Alemania y Francia, nuestros dos mayores clientes, donde las empresas detectan uno de cada tres problemas, tradicionalmente ligados a la petición de mayores normas técnicas de las que requiere la normativa comunitaria, como sucede en Francia con las bicicletas eléctricas fabricadas en España o en Alemania con los quesos españoles, que no pueden llevar un conservante necesario para evitar que le salga moho. Entre los obstáculos comerciales, además de la citada morosidad, aparece el abuso de posición dominante, que denuncian las empresas del sector de alimentación y bebidas, sobre todo en Alemania y Francia, en las que están radicadas las grandes cadenas de distribución como Lidl, Aldi o Carrefour. El secretario de Estado de Comercio, Jamie García-Legaz, ha apuntado la necesidad de eliminar estas barreras, ya que sin ellas, el PIB europeo "experimentaría un crecimiento de 2,6 puntos, con lo que ello supone en actividad y empleos".
Ese repunte de la morosidad en la UE puede terminar una vez que todos los países transpongan a su ordenamiento jurídico la nueva directiva comunitaria sobre plazos de pago, que establece un período de pago de 30 días en el sector público y privado. Solo permite alargarlos a 60 días entre empresas, siempre que haya pacto previo y que no haya posición de abuso.
