"Retendremos fondos a 2.000 municipios por no hacer un plan de ajuste"

Formar parte de un Gobierno que sube los impuestos es una experiencia nueva para Antonio Beteta (Madrid, 1955), que como consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid impulsó notables rebajas fiscales entre 2008 y 2011. Liberal hasta los tuétanos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le llamó a filas para ocupar la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Desde su despacho en el madrileño paseo de la Castellana, vigila que regiones y municipios cumplan el objetivo de estabilidad.

¿Es el Presupuesto de 2012 el más difícil en el que ha participado?

Creo que son los Presupuestos que España necesita y son imprescindibles para cumplir el objetivo de estabilidad. El Presupuesto es una herramienta para generar la necesaria confianza en los mercados y, junto con las reformas estructurales, traerá consigo la inversión necesaria para la generación de empleo. Además, se aumenta la financiación territorial y ello supone garantizar y sostener la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios prestados por las corporaciones locales.

¿Modificarán leyes estatales para que las comunidades puedan reducir sus gastos o elevar sus ingresos?

Ya hemos analizado los planes de reequilibrio que han presentado todas las comunidades para 2012 y se puede observar que contienen medidas de reducción del gasto por 5.932 millones y de incremento de ingresos por 4.571 millones. Es decir, las comunidades, sin tocar la legislación estatal, ya han sido capaces de afrontar una reducción de su déficit en más de 10.000 millones este año.

Pero las comunidades piden cambios normativos para poder elevar ciertas tasas o implementar el pago por determinados servicios.

Estamos estudiando las propuestas de las comunidades en este sentido y en breve daremos una respuesta. Es cierto que las regiones han pedido modificar leyes orgánicas para que determinados servicios sean abonados en alguna medida -o en más medida- por los usuarios de las mismas. Hay que recordar que los servicios públicos siempre se pagan por alguien: por el usuario y/o por el contribuyente. Nada es gratis.

Entonces, ¿permitirán que las comunidades eleven ciertas tasas sobre las que ahora no tienen competencia?

No es descartable en absoluto.

Las comunidades deben recortar en 15.000 millones su déficit este año, y casi la mitad de este ajuste corresponde a Cataluña -que se abstuvo en la votación del objetivo de estabilidad- y a Andalucía, que votó en contra.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria entrará en vigor entre mayo y junio y la normativa tiene métodos para obligar a las comunidades a cumplir el límite de déficit. Por otra parte, el objetivo fue aprobado por abrumadora mayoría del Consejo y, por tanto, es obligatorio para todos con independencia de su voto. En este contexto, el Gobierno utilizará todos y cada uno de los recursos que contempla la legislación para que los entes territoriales alcancen el equilibrio.

Llegado el momento, ¿el Gobierno está dispuesto a intervenir una comunidad?

Sin duda, sí, en los términos previstos en el proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y una vez que ésta entre en vigor.

Andalucía...

No me gusta fijar el foco en una comunidad. Se intervendrá a la región o ayuntamiento que incumpla la norma. Sea la que sea. No importa el color político, importa la ley. Somos el Reino de España y el Gobierno de la nación responde ante las instancias internacionales por todas las Administraciones.

Hablan de realismo, pero ¿es realista pensar que Castilla-La Mancha puede rebajar este año su déficit del 7,3% al 1,5%?

Allí se mezcla un déficit estructural y uno coyuntural. Con el cambio de Gobierno, determinadas comunidades afloraron facturas que había en los cajones y se imputaron al ejercicio 2011. Además, según nos consta por el Programa Económico Financiero que ha presentado, Castilla-La Mancha está haciendo un gran esfuerzo para superar su situación.

¿Hasta qué punto intervendrán las cuentas territoriales?

El Gobierno no dejará que ninguna comunidad o ayuntamiento entre en una situación de default. Hemos garantizado la liquidez con el plan de pago a proveedores que asciende a 35.000 millones. No es un regalo, eso va acompañado de un plan de ajuste a través del cual se debe garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad y el pago de esa deuda.

Unos 4.600 municipios presentaron un listado de facturas pendientes de pago.

Sí y, de estos, algo más de 2.000 corporaciones locales no han presentado los planes de ajuste que les facultaban para obtener un crédito para pagar esa deuda. Aunque en número de entidades locales el porcentaje es alto, en términos de deuda solo afecta a unos 900 millones de los 9.584 millones que las corporaciones han reconocido que deben a sus proveedores.

¿Y qué pasará con esos ayuntamientos que no han presentado planes de ajuste?

A partir de junio, vamos a retener de la participación en los ingresos del Estado de esas 2.000 entidades locales los fondos necesarios para hacer frente al pago del crédito que tendrán que afrontar para cumplir la obligación legal de pagar a sus proveedores. El derecho a exigir el cobro radica en el proveedor y el Gobierno trabajará para que se cumpla. Por eso, el hecho de no presentar el plan de ajuste no afectará en nada a los proveedores.

¿No iniciarán un diálogo antes de retirar fondos a los ayuntamientos?

Ya estamos hablando y hemos encontrado circunstancias curiosas que deben hacernos reflexionar. Ha habido Gobiernos locales que elaboraron planes de ajuste que fueron rechazados en el Pleno por razones políticas.

¿Hay deudas muy antiguas en el listado que entregaron los municipios?

Sí, hay facturas en pesetas.

Tres comunidades, País Vasco, Navarra y Galicia, han manifestado que no se acogerán al plan de pago de deudas atrasadas. ¿Qué sucederá con los proveedores de esas Administraciones?

Ya he hablado con los responsables de Hacienda de esas comunidades e indican que no tienen morosidad y pagan puntualmente. Verificaremos si eso es así.

¿Alguna comunidad ha presentado ya su listado de facturas atrasadas? ¿A cuánto prevé que ascienda la deuda comercial?

No, aún tienen margen para ello, puesto que el plazo concluye el próximo 15 de abril. Calculo que los fondos que pidan superarán los 17.500 millones.

¿El Gobierno contempla recuperar competencias autonómicas?

No.

¿Y transferir competencias autonómicas a los entes locales?

Ahora mismo, a través de distintas técnicas, las corporaciones locales llevan a cabo gastos que no son de su competencia. A veces por decisiones propias y otras por convenio. No tenemos ningún problema en que si una comunidad autónoma cree que un servicio se presta mejor en el ámbito local traspase esa competencia. Ahora bien, no todos los municipios están capacitados para asumir ciertos servicios públicos.

¿Se refiere al tamaño de los municipios?

Sí. Igual que ahora mismo hay competencias diferenciadas entre municipios en función del número de habitantes, habrá que definir cuál es el tamaño óptimo para prestar ciertos servicios.

¿Y cuál es?

Eso es lo que hay que ver. Dependerá del nivel de competencias que vayan a tener las corporaciones locales y también de la situación financiera. En cualquier caso, si vemos que hay más de 2.000 ayuntamientos que no han sido capaces de presentar un plan de ajuste, ya tenemos una pista acerca de la capacidad de esas instituciones para prestar un servicio al conjunto de los ciudadanos.

¿Hacienda mantendrá una labor proactiva en la fusión de municipios?

Sí. Habrá que conjugar el principio de eficiencia y representatividad. La Constitución no fija un número de ayuntamientos. Creo que tiene que haber un diálogo entre la Federación de Municipios, los ayuntamientos, las comunidades y el Gobierno para definir este tema.

Hay unos 8.100 ayuntamientos. ¿En qué cantidad deberían reducirse?

El número no es lo importante.