España no se puede permitir que en una ciudad como São Paulo haya 11 oficinas comerciales de comunidades autónomas además de la del Estado". Con esta frase, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, resaltaba recientemente la necesidad de acelerar la integración de las oficinas comerciales y de promoción turística en el exterior ligadas a las comunidades autónomas en la estructura de las estatales. De las 17 comunidades existentes, 14 ya han suscrito ese acuerdo y tan solo faltan Cataluña, Andalucía y País Vasco.
Esta iniciativa persigue dos objetivos. Por un lado, unificar la promoción exterior de España y evitar que a las misiones comerciales al extranjero acudan varias delegaciones de nivel local, autonómico y estatal, lo que constituye un despilfarro en un momento como el actual en el que todas las administraciones deben apretarse el cinturón.
Por otra parte, busca rebajar la cuantiosa partida de gastos de las comunidades autónomas para que estas puedan embridar sus cuentas y alcanzar el objetivo de déficit del 1,5% pactado con Bruselas, algo que se presume particularmente difícil. De hecho, varias comunidades, encabezadas por Cataluña, fueron las que presionaron a Hacienda en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera para que aprobara medidas para aliviar su partida de gastos, lastrada por los altos intereses que tienen que pagar para endeudarse. Así, entre otras iniciativas, se aprobó un decreto que rebajaba el precio de los medicamentos y que establecía el copago en los fármacos, lo que se tradujo en una rebaja sustancial del gasto. En los doce meses transcurridos entre agosto de 2011 y julio de 2012, el gasto farmacéutico ha bajado hasta los 10.656 millones, lo que representa un ahorro cercano a 800 millones de euros.
La integración de las oficinas comerciales no va a suponer un ahorro tan cuantioso como el farmacéutico (el mayor procederá de las desinversiones en inmuebles y del menor gasto en alquileres), pero ayudará a aliviar las deterioradas cuentas autonómicas. ¿Por qué se niegan entonces estas tres comunidades? Las razones son más de carácter político, ya que consideran que integrar su estructura en la estatal debilitará su capacidad para promocionar los bienes y servicios de sus comunidades y les resta margen a la hora de definir sus políticas comerciales de cara al exterior. Todo ello pese al elevado coste que tiene para sus arcas públicas. Un buen ejemplo es el caso de Andalucía, donde la oficina en Bruselas ha quedado vacante en julio tras la renuncia al cargo de su delegado, Nicolás Cuesta. La Junta ya ha anunciado que no la cerrará, pese a la necesidad de Andalucía de recortar gastos. Solo el alquiler del inmueble que lo alberga cuesta más de 130.000 euros al año, inferior, en cualquier caso, a los 170.000 euros que debe abonar el Gobierno andaluz por su sede en Madrid.
El caso más llamativo, por el número de oficinas comerciales en el exterior, es el de Cataluña, con 48 delegaciones, una tercera parte del total autonómico (120). "Colaborar, sí; subsumirnos, no", es la frase utilizada hasta la saciedad por el presidente catalán, Artur Mas, para justificar la negativa a ir cerrando oficinas de promoción en el exterior. Le siguen, ya a larga distancia, la Comunidad Valenciana, con 23, y Andalucía, con 22. De las tres primeras de la clasificación, la única que ha optado por integrar sus oficinas ha sido la presidida por Alberto Fabra, ahogada por su abultada deuda, que roza el 21% del PIB regional, y por sus tensiones de tesorería para hacer frente a los impagos que se acumulan en sus cajones.
En lo que va de año se ha firmado la integración de más de la mitad de las oficinas autonómicas de promoción comercial dentro de las estatales, algunas de las cuales ya se hará efectiva antes del 31 de diciembre. García-Legaz ya ha dejado claro que las empresas de aquellas comunidades que han decidido integrar sus estructuras en las estatales tendrán prioridad en el trato por parte del Estado. "Se entiende que serán las propias oficinas autonómicas la que «tengan que dar, en primer lugar, servicio» a sus delegaciones comerciales", advierte.
Datos
Cataluña: es la comunidad que más oficinas de promoción económica y de turismo tiene en el extranjero (48), lo que supone una tercera parte del total.
Andalucía: tampoco se plantea integrar sus oficinas en las estatales pese a los elevados costes que paga por sus delegaciones. Solo el alquiler del edificio en Bruselas le cuesta 130.000 euros al año.
País Vasco: abrió a principios de julio su segunda delegación comercial en EE UU, con lo que ya dispone de 12 oficinas en el extranjero.
