Las regiones podrán retocar los tramos y tipos en el 50% del IRPF

El enconado debate acerca de las cifras de la nueva financiación y de los recursos per cápita ha dejado en un segundo término el aumento de la capacidad normativa de los Gobierno autonómicos que incorpora la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, sus efectos sobre los contribuyentes resultan notables.

Los Gobiernos autonómicos podrán modificar, sin límite alguno, el número de tramos en el IRPF, como ya avanzó este periódico en diciembre. La única condición que impone el Ejecutivo es respetar la progresividad del impuesto. Actualmente, solo el Gobierno central puede cambiar los tramos, que desde la reforma fiscal de 2007, ascienden a cuatro.

De aprobarse el modelo, la autonomía fiscal de las comunidades alcanzará su nivel máximo desde que en 1978 la Constitución dibujó la España de las autonomías. Además, el nuevo modelo aumenta del 33% al 50% la cesión del IRPF. Dicho de otra forma, toda decisión de las comunidades autónomas se aplicará sobre la mitad del impuesto. Ello puede aumentar sobremanera las diferencias en el impuesto de la renta entre comunidades. A día de hoy, las regiones ya tienen potestad para modificar el tipo marginal, sin embargo, han utilizado muy poco esa competencia. La primera fue Madrid, que rebajó en un punto los tipos en la escala autonómica. Le siguieron Valenciana y La Rioja.

Por otra parte, por primera vez, las comunidades podrán decidir sobre los incrementos o disminuciones en el mínimo personal y familiar. Es decir, qué parte de renta queda libre de tributar en la parte autonómica del IRPF. Sin embargo, las condiciones en este punto son más estrictas y sólo se permitirá una variación al alza o a la baja del 10% "para mantener la coherencia" del impuesto. El director del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo, apunta que, a efectos prácticos, una bajada o subida del 10% del mínimo personal supondrá pagar de más o ahorrarse 123 euros.

Y los Gobiernos autonómicos no tendrán el límite del 50% para incrementar o disminuir la deducción por inversión en vivienda habitual, lo que, en opinión de Del Amo, supone un cambio sustancial que puede alentar la competencia fiscal entre comunidades. Además, las regiones podrán aplicar deducciones en la cuota por subvenciones y ayudas públicas. Con el objetivo de que las comunidades "hagan un ejercicio más explícito de corresponsabilidad", cada año -con la excepción de 2010- las regiones deberán aprobar la tarifa autonómica, que no implica modificarla.

En el otro gran impuesto, el IVA, el Gobierno se compromete a buscar fórmulas para que las comunidades puedan tener cierta competencia en la fase minorista del IVA. A día de hoy no disponen de ninguna potestad normativa sobre un tributo que depende, sobre todo, de Bruselas. Así, todo cambio debe contar con el visto bueno de la UE. Por otro lado, las comunidades gozarán de capacidad para aplicar un suplemento en el impuesto sobre hidrocarburos, aunque este punto está siendo discutido por el Gobierno con la Comisión Europea, ya que se trata de un tributo armonizado. Para que ello sea posible, primero el Gobierno deberá derogar el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (céntimo sanitario).

Acerca de los tributos propios de las comunidades, el Gobierno tiene la intención de clarificar sus ámbitos de aplicación para evitar "los habituales conflictos constitucionales" entre los impuestos autonómicos y los locales.

Por último, las regiones podrán revisar en vía administrativa los actos de gestión dictados por las administraciones tributarias. Es decir, los órganos económico-administrativos autonómicos tendrán poder de decisión cuando un contribuyente interponga una reclamación contra un acto administrativo dictado por su comunidad.