Todos los responsables autonómico saben que de aquí a final de año deben recortar sus números rojos en 15.600 millones de euros; sin embargo, no tienen claro dónde meter el gran tijeretazo. Antonio Beteta, el secretario de Estado de Administración Públicas -algo así como el jefe de jefes de los funcionarios-, ya marcó el camino cuando afirmó la semana pasada que las plantillas de la Administración autonómica están sobredimensionadas. Beteta resaltó que, desde 2001, la Administración central ha reducido el número de empleados un 22%, mientras que en el mismo periodo las regiones han elevado sus plantillas un 44% y los ayuntamientos, un 39%.
Los entes territoriales alegan que el aumento responde al proceso descentralizador que ha vivido España. Sin embargo, Beteta sospecha que esta razón solo explica una parte del incremento y denuncia la existencia de estructuras clientelares vinculadas al gran número de empresas públicas. De media, el 10% de los asalariados españoles son funcionarios autonómicos. Este ratio se incrementa hasta el 16% en Extremadura. Es decir, de cada 100 trabajadores extremeños, 16 están en nómina de la Junta de Extremadura.
La vía catalana de rebajar sueldos
Las comunidades gastan cada año en torno a 57.000 millones de euros en pagar salarios públicos, el 40% de su presupuesto. Cada uno de los 1,3 millones de funcionarios supone un coste de 42.570 euros. Los cargos de confianza e interinos -por algún extraño motivo la estadística del Ministerio de Hacienda une a ambos colectivos bajo el epígrafe "otro personal"- ascienden a 288.844 empleados y suponen 12.300 millones del presupuesto anual de las comunidades. Este grupo es el que tiene más posibilidades de sufrir un recorte si los Ejecutivos autonómicos optan por seguir el consejo de Beteta y reducen personal.
Cataluña ya ha aprobado recortar los salarios públicos, una vía que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, descartó. Hay que tener en cuenta que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 -presionado por la Alemania de Angela Merkel- redujo de media un 5% el sueldo de los funcionarios. La medida afectó a todos los empleados con independencia de si trabajaban en la Administración central, autonómica o local. La nómina de los funcionarios se mantiene congelada desde entonces.
Hacienda también ha barajado la posibilidad de recortar una parte de la paga extra que reciben los funcionarios en junio y diciembre, una posibilidad que, por ahora, se ha descartado. Los analistas entienden que una medida como esa permitiría un ahorro en torno a los 6.000 millones. En cualquier caso, la vía abierta por Cataluña, que ha aprobado una rebaja adicional del 3% para los funcionarios que cobran de la Generalitat, podría extenderse a otras regiones ante la dificultad que supone rebajar el déficit autonómico en 15.600 millones de euros. De hecho, pese a todos los recortes aplicados en 2011, los números rojos se incrementaron ligeramente el año pasado.
En cualquier caso, antes de tocar salarios públicos, las comunidades esperarán los resultados del grupo de trabajo organizado por el Ministerio de Hacienda en colaboración con los equipos económicos de las regiones, que tratarán de redefinir qué servicios públicos se consideran básicos y, por tanto, deben ser financiados por las comunidades. El objetivo es reformar la legislación básica del Estado, de tal forma que permita recortar las partidas de gasto comprometido de los entes territoriales.
