Las regiones asumirán más del 50% del recorte a funcionarios

El Ejecutivo ultima los detalles del plan para recortar los gastos de personal de los funcionarios en 4.500 millones de euros. Este se realizará a través de una bajada de sueldos por tramos de renta, que tal y como señaló el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, persigue rebajar un 5% de media el salario de los empleados públicos a partir de junio y congelarlo en 2011. Ambas acciones provocarán un recorte de gasto cercano a los 4.500 millones de euros, aunque el peso que tendrá que asumir cada administración será muy diferente.

De los 2,7 millones de funcionarios que hay en España, según los últimos datos oficiales, la mitad pertenece a la administración autonómica, por lo que uno de cada dos euros del recorte de los salarios le corresponderá hacerlo a las autonomías.

Ya hay algunas comunidades como Navarra, que han confirmado que contribuirán al recorte de gasto en la misma proporción en la parte que les corresponde como los complementos salariales. El Ejecutivo foral estima que ahorrará cerca de 55 millones de euros al año. En este cálculo están incluidas las rebajas a altos cargos y miembros del Ejecutivo, que se elevarán al 15% del sueldo bruto. Algunas comunidades, como Madrid, han ido más allá ya que, además de prometer ese recorte salarial, han exigido que se pueda bajar el sueldo a los empleados de las empresas públicas, que quedan excluidos de la rebaja al tener negociadas sus condiciones salariales a través de convenio colectivo.

La presidenta de Madrid considero como "enormemente injusto" que se pueda recortar el salario a los funcionarios de carrera, mientras que los sueldos de los empleados de los entes públicos sean intocables. "No se va a bajar el sueldo a estos últimos porque se tiene miedo a movilizaciones en las grandes empresas públicas", apostilló. Según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial, hay 56.601 empleados en entes públicos, de los que una tercera parte trabaja en Madrid.

Empresas públicas

La posibilidad de incluir a los empleados de empresas públicas en la rebaja es una de las opciones que el Ejecutivo está discutiendo en la víspera de presentar el plan de ajuste del gasto ante la complejidad que supone contravenir lo firmado con un convenio colectivo. A esta dificultad se une el hecho de establecer si la rebaja se hará sobre el salario base o sobre el bruto. Según los cálculos realizados por este periódico, para un funcionario con 18 años de antigüedad y el complemento de destino más elevado para la escala que ocupa, el salario varía entre los 2.448 euros del rango más elevado y los 950 del más bajo. La mayoría de esos emolumentos corresponde a los complementos y a los trienios, ya que si se eliminan ambas partidas, el salario base más alto queda reducido a 1.161 euros y el más bajo a 548 euros. Por este motivo parece que los recortes se tendrán que hacer sobre el salario base si se quiere alcanzar el objetivo fijado de 4.500 millones de euros.

Un ejercicio relativamente fácil de hacer en la administración central, en la que están fijados de forma homogénea los complementos y los trienios que perciben los empleados, pero no así en las otras dos administraciones, en las que existen una gran disparidad de criterios a la hora de complementar el salario base de los funcionarios.