El Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a los responsables de Hacienda de la Administración central con sus homólogos autonómicos, ha aprobado el objetivo de déficit autonómico para este año. La gran mayoría de regiones han aceptado el límite del 1,5% del PIB impuesto por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Andalucía votó en contra y Cataluña y Canarias se abstuvieron. Los consejeros de Hacienda sí han coincidido, a la salida de la reunión, sobre la dificultad que entraña cumplir ese objetivo.
Las comunidades deberán recortar este año su déficit en 15.500 millones de euros, un esfuerzo inédito y que la mayoría duda que se pueda cumplir. De hecho, sólo la Comunidad de Madrid no rebasó en 2011 el objetivo de déficit.
Algunas comunidades como Cataluña han reprochado al Gobierno que la suavización de la nueva senda de consolidación fiscal aprobada por el Gobierno el viernes pasado implica relajar en ocho décimas el objetivo de estabilidad de la Administración central (del 4,8% al 4%) y sólo dos décimas en el caso de las comunidades (del 1,3% al 1,5%).
Si bien algunos consejeros pidieron que el Ejecutivo fijara objetivos de déficit diferenciados en función de la situación de cada comunidad autónoma, finalmente Hacienda ha optado por seguir el mismo criterio que el Gobierno anterior. Así, cada una de las autonomías deberá rebajar el déficit hasta el 1,5% de su PIB. Ello resulta simplemente imposible para comunidades como Castilla-La Mancha, cuyos números rojos ascienden al 7,3% del PIB.
Por otra parte, las comunidades también han aprobado por unanimidad el plan para pagar a proveedores. El proyecto contempla que la banca y el ICO abonen directamente a los empresas las facturas impagadas de las regiones. Ese dinero adelantado por las entidades financieras se convertirá en deuda financiera para las comunidades, que tendrán un plazo de diez años -con dos de carencia- para devolver ese dinero. Se aplicará un tipo de interés del 5,5%. Este mecanismo -dotado con 35.000 millones de euros- es idéntico al fijado también para los ayuntamientos.
En principio, los proveedores podrán pedir el cobro de facturas anteriores a uno de enero de este año. Las empresas que recurran al plan de financiación deberán renunciar al cobro de los intereses de demora. Además, el Ministerio Hacienda dará prioridad en el pago de facturas a aquellas compañías que acepten aplicar un descuento. En el caso de las deudas pendientes de los ayuntamientos, el Gobierno prevé que las empresas empezarán a cobrar las facturas atrasadas a partir del mes de mayo.
