Canarias, Extremadura, Valencia, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Baleares son las comunidades que, en opinión de Hacienda, no están cumpliendo los planes económico-financieros y tienen muchas posibilidades de incumplir el objetivo de déficit de 2012. Así lo indica un informe oficial del ministerio de Cristóbal Montoro que ha irritado a los Ejecutivos señalados. El vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Ciscar, señaló el viernes que las cifras de Hacienda "no son correctas". La Comunidad Valenciana recibe la peor calificación ya que, hasta el tercer trimestre de 2012, solo había ejecutado el 19% del recorte del gasto de 1.435 millones comprometido. "El problema es que son cuestiones muy técnicas y a veces difíciles de interpretar por aquellos que no son expertos en la materia y llevan a confusión", señaló Ciscar. Sin embargo, el informe ha sido elaborado por técnicos del Ministerio de Hacienda.
El Ejecutivo canario también señaló que el informe carecía de rigor. El consejero de economía extremeño, Antonio Fernández, por su parte, recordó que el informe de Hacienda alcanza hasta el tercer trimestre y reiteró que la comunidad cumplirá el objetivo de cerrar el año 2012 con un déficit del 1,5%. Sin embargo, la experiencia obliga a observar con cierto escepticismo este tipo de declaraciones. Los números rojos extremeños alcanzaron el 4,59% del PIB en 2011_y resulta improbable rebajar esa cifra al 1,5% en solo un año. Lo mismo sucede en comunidades como Castilla-La Mancha, cuyo desfase fiscal en 2011 se situó en el 7,3% del PIB. No existen precedentes de una Administración que haya logrado recortar en solo doce meses 5,8 puntos de déficit. Y precisamente esto debería hacer la comunidad presidida por María Dolores de Cospedal para cumplir con el objetivo de estabilidad impuesto por Hacienda.
El último informe de Fedea estima que ocho comunidades (Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía, País Vasco y Extremadura) sobrepasarán el umbral del 1,5%. Cataluña es un caso especial ya que la posibilidad de cumplir su déficit dependerá en buena medida de la privatización de Aigües Ter-Llobregat. La venta ya se acordó con Acciona y la Generalitat tenía previsto imputarse unos ingresos de 1.000 millones en el ejercicio 2012. Sin embargo, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña ha estimado parcialmente un recurso de Agbar contra la adjudicación. La decisión, asegura el Gobierno de la Generalitat, no impedirá contabilizar los beneficios de la venta.
Por otra parte, el anuncio de Montoro de que Hacienda retirará fondos de comunidades y municipios morosos para pagar directamente a los proveedores ha generado recelo entre las comunidades, aunque ninguna se ha opuesto a la medida públicamente. Los Gobiernos autonómicos entienden que si el Estado retira fondos para pagar a proveedores en el plazo de 30 días, no podrán cumplir con otras obligaciones como el pago de nóminas. Fuentes de Hacienda recuerdan que las comunidades con problemas pueden acogerse al fondo de liquidez autonómico.
