El recorte presupuestario pone al CSIC al borde de un ERE

El nuevo reglamento de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros en próximas semanas, concreta en su último borrador que la caída de ingresos presupuestarios que deben registrar las administraciones públicas para aplicar un ajuste de plantilla es del 10%.

Así, fuentes sindicales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han alertado que los Presupuestos Generales del Estado para 2013 recogen una caída de ingresos para este organismo del 9,92%, lo que coloca al principal centro investigador de España al borde de cumplir los requisitos para aplicar un ERE entre su plantilla. Cerca de 14.500 personas trabajan para este centro, de las cuales solo 6.500 son fijos.

Estas mismas fuentes aseguran que responsables gubernamentales les han puesto sobreaviso de esta situación. Si bien, desde la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y desde la dirección del propio CSIC, niegan este punto.

Es más, fuentes cercanas a la presidencia del organismo, creen que, precisamente, el diseño presupuestario se ha elaborado conscientemente con unas restricciones de financiación por debajo del 10% para no poder aplicar un ajuste de plantilla colectivo, al amparo de la nueva reforma laboral.

Pero responsables sindicales advierten que el diseño de los presupuestos no ha terminado todavía puesto que aún queda el trámite parlamentario donde pueden modificarse casi todas las partidas. Y es, precisamente, donde temen que un mayor recorte suponga unas perdidas de ingresos de más del 10%, permitiendo a la dirección del CSIC aplicar un despido colectivo.

Sin embargo, desde los responsables de este centro -que depende en última instancia del Ministerio de Economía y Competitividad- aseguran: "confiamos, en justo lo contrario, en que en el tramite parlamentario, si hay modificaciones sea para aumentar la dotación para el CSIC, no para recortarla más". De hecho, eso es lo que ha ocurrido en los últimos dos años, en los que el presupuesto del organismo ha salido reforzado a su paso por el trámite parlamentario.

En cualquier caso, a este temor, representantes sindicales del CSIC suman la "delicada" situación financiera del centro, tal y como reconoció esta misma semana su presidente Emilio Lora-Tamayo. En una de las cartas dirigidas al personal tras su incorporación al puesto, este responsable reconoció que el CSIC afrontó 2012 con un déficit estimado de 150 millones de euros.

Ante esta situación las mismas fuentes sindicales consultadas aseguran que, "a pesar de los recortes realizados en el presente ejercicio, éste déficit no ha podido ser corregido de forma significativa y el organismo está financiando sus gastos corrientes con cargo a remanentes, cifrados en 56 millones y constituidos con ingresos finalistas".

Desde la dirección del CSIC también niegan tajantemente esta situación; y explican que, en ocasiones, lo que lo único que hace el organismo es "adelantar para gastos corrientes el dinero de algún proyecto una vez que éste ya se ha aprobado y concedido su financiación.

Futuros ajustes de plantilla y otros recortes

La reforma laboral puso negro sobre blanco la posibilidad, ya existente en la práctica pero limitada por los tribunales, de que las administraciones públicas despidieran colectivamente a su personal laboral.

De hecho, los datos oficiales indican que, en el último año, el sector público ya es el tercero en destrucción de puestos de trabajo, con un recorte de 220.000 empleos, detrás de la construcción y la industria.

La reforma laboral de febrero definía que existirán causas económicas para los despidos colectivos en las administraciones públicas "cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos".

Si bien tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición por oposición u otra prueba de selección bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Además, otra nueva normativa, el futuro reglamento de ERE, que estos días ultima el Gobierno, precisará aún más los requisitos para estos despidos colectivos, fijando en el 10% la caída de ingresos presupuestarios de los organismos públicos que quieran aplicar estos ajustes de plantilla.

Asimismo, otro Real Decreto-ley del 13 de julio pasado recoge otras medidas de recortes para los empleados públicos como la supresión de la paga extra de Navidad en 2012; el recorte de las prestaciones de las bajas médicas; disminución de días de descanso, vacaciones y permisos; reducción del número de liberados sindicales; o la posibilidad de suspender acuerdos y pactos colectivos.