El anteproyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas encara la recta final de su tramitación parlamentaria. Hoy finaliza el plazo para la presentación de enmiendas al texto, que persigue como principales objetivos impulsar el mercado del alquiler de vivienda y una ordenación de los incentivos fiscales, prorizando el alquiler sobre la compra. La norma, sin embargo, no ha sido bien recibida por las multinacionales españolas y extranjeras con sede en España, que han visto como se han eliminado las ventajas fiscales con las que trataban de captar personal cualificado para sus filiales españolas. Hasta ahora, las compañías hacían uso de esos beneficios y ofrecían, como un complemento al salario de esos directivos, el pago del alquiler de la vivienda como retribución en especie. Al mismo tiempo, los empleados se beneficiaban de un trato fiscal privilegiado, al tener una menor tributación, lo que les podía llevar a deducirse en su IRPF el equivalente a dos mensualidades del alquiler.
Con el nuevo texto legal esta ventaja ha desaparecido y tan solo se mantiene para aquellas compañías que tengan en régimen de propiedad los inmuebles. Las empresas ya han expresado sus quejas ante la dificultad de atraer personal cualificado. Las más reivindicativas han sido las estadounidenses, que a través de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, han presionado al Ejecutivo para tratar de enmendar ese cambio. A ese organismo están asociadas 370 firmas españolas y norteamericanas, entre ellas 3M, Philip Morris, Nike, General Electric, Cisco, UPS o Lilly. El presidente de este organismo, Jaime Malet, ha remitido una carta al Ejecutivo, a la que ha tenido acceso CincoDías, en la que alerta sobre el impacto que esta medida puede tener en el futuro de esas compañías. "Preocupa que limite especialmente la movilidad geográfica de los trabajadores y su adaptación a posibles modificaciones de las condiciones laborales. La medida puede incluso influir en la gestión de la moderación salarial exigida desde el Gobierno, por quedar excesivamente mermada", recalca en el texto. Además advierte que este grupo de limitaciones "podría revertir en una merma mucho mayor y muchísimo más grave: la retención de profesionales de talento, un grupo de trabajadores que la economía española, en unos momentos como los actuales, no puede despreciar".
Malet confirma que ya han mantenido reuniones con el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, Gabriel Elorriaga, quién les ha transmitido que la decisión depende en exclusiva de Rajoy. Y a esa reivindicación ya se han unido otras grandes compañías españolas como ACS, Abengoa o Ferrovial. Todo parece indicar que no va a haber cambios al respecto, debido a que la prioridad en materia de vivienda es dar salida al abultado stock de vivienda nueva sin vender, en torno a 700.000 inmuebles, según el último recuento hecho por Fomento. En el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, que concreta el proyecto inversor del Ministerio para los doce próximos años, se asegura que gran parte del stock, en especial en el arco mediterráneo y en los archipiélagos, tiene potencialidad turística. "Una parte significativa de este volumen de viviendas nuevas sin vender puede encontrarse situado en ámbitos territoriales que las hacen especialmente aptas para su utilización como vivienda vacacional y turística", añade. En este contexto, Fomento señala que "la demanda por parte de los extranjeros es crítica para el saneamiento y recuperación del sector".
Buena prueba de ello es la puesta en marcha de un road show, en colaboración con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), entre los grandes mercados turísticos (Reino Unido, Alemania y Rusia) para tratar de captar inversores, ya sean particulares o grandes fondos. La primera acción promocional se produjo en la feria inmobiliaria Domexpo, celebrada en Moscú la pasada semana.
