Que un presidente de la Generalitat de Cataluña acuda a La Moncloa y reclame una mejora de la financiación catalana no debería sorprender a nadie. Desde Jordi Pujol hasta Artur Mas, pasando por Pasqual Maragall o José Montilla, todos los dirigentes catalanes, con mayor o menor éxito, han llamado a la puerta del Gobierno central para pedir un trato más favorable hacia Cataluña. Sin embargo, la reunión de ayer fue distinta. Artur Mas aterrizó en Madrid con una propuesta, el pacto fiscal, que supone un giro radical entre las relaciones económicas entre la Administración catalana y la central. Se trata de la hoja de ruta más ambiciosa presentada por un Gobierno catalán, cuando aún se sienten los ecos de la masiva manifestación del pasado 11 de septiembre, cuando 600.000 catalanes salieron a la calle para pedir la independencia de Cataluña.
El Ejecutivo catalán cuidó todos los detalles y quiso cargar de simbolismo la reunión de ayer. Mas compareció en rueda de prensa en la delegación de la Generalitat en Madrid, en lugar de hacerlo desde La Moncloa como suele ser habitual las reuniones con presidentes autonómicos. Desde allí, en la callé Alcalá, el dirigente inició su discurso y constató lo que ya se sabía. A saber, que el Gobierno central no está dispuesto a negociar el pacto fiscal, que supondría que la Generalitat recaudaría todos los tributos y, a posteriori, pactaría un porcentaje para la solidaridad interterritorial.
Mas señaló que se sentía "triste" tras dos horas de reunión con Rajoy, que calificó como "un oportunidad histórica perdida". Si bien el tono de la conversación fue cordial, Mas salió del despacho del presidente del Gobierno con la certeza de que, a día de hoy, no logrará su objetivo. ¿Y ahora qué? Mas ha articulado su legislatura alrededor de la idea del pacto fiscal y lo más probable es que el Ejecutivo catalán, que no cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento catalán, convoque elecciones anticipadas.
Desde Convergència i Unió (CiU) ya advirtieron que una negativa del Gobierno al pacto fiscal abriría la puerta a la vía soberanista. Hasta ahora, el partido nacionalista catalán siempre había mantenido una actitud ambigua. Sus líderes gritaban independencia en los mítines y en los momentos de exaltación, pero nunca se había planteado de forma seria tal posibilidad.
La negativa de Moncloa llevará a Mas a convocar elecciones anticipadas en un clima enrarecido y donde primará el debate nacionalista por encima del económico. El presidente de la Generalitat señaló que no podía predecir escenarios de futuro, sin embargo, ya ha sugerido en diversos foros que si no es posible el pacto fiscal, la siguiente parada es la independencia. "Hay pueblos que se sienten naciones y eso no lo cambia ninguna Constitución. No lo cambiaron ni las dictaduras", señaló solemne.
Recelo entre el empresariado catalán
En clave electoral, al Gobierno de Artur Mas le resulta, en principio, rentable que los comicios se centran en el debate identitario en lugar del económico. El Ejecutivo catalán ha aplicado drásticos recortes desde que ganó las elecciones en 2010. La crisis y el convencimiento de que Cataluña sufre "un expolio fiscal" explica, en parte, que el anhelo de independencia se haya filtrado en amplias capas de la sociedad catalana, incluso en aquellas que siempre se habían mostrado más moderadas. Los empresarios catalanes son favorables al pacto fiscal, ya que ello mejoraría las finanzas catalanes. Sin embargo, la senda soberanista crea más temor que entusiasmo entre los empresarios que saben bien que España es el primer mercado para la industria catalana.
En este sentido, el Gobierno de Mas se muestra prudente y trata de evitar la palabra "ruptura" con España y apuesta por buscar soluciones intermedias y siempre en el marco de la Unión Europea y el euro. Sin embargo, ese ejercicio de equilibrismo resulta complicado cuando parte de sus votantes grita independencia y la otra pide prudencia.
El Partido Socialista de Cataluña (PSC), la segunda fuerza política en el Parlamento, ya ha empezado a mover su maquinaria para elegir candidato. En el caso de que las elecciones se celebraran este otoño, no habría tiempo para convocar unas primarias. Así, el cabeza de lista se designará en un Congreso y, a día de hoy, Rocío Martínez-Sampere (Barcelona, 1974), diputada del Parlamento catalán se perfila como favorita.
Más allá de los cálculos electorales, el Gobierno de Mariano Rajoy tiene muy claros que los límites están marcados en la Constitución y, en un comunicado, señaló que el pacto fiscal no tiene cabida en él y mucho menos aún, las propuestas alternativas que se barajan tras la negativa de Moncloa. Rajoy recordó al presidente catalán que el actual modelo de financiación que se aprobó en 2009 fue promovido por el entonces Gobierno del tripartito catalán. Aquel pacto sirvió para que las comunidades lograran el 50% de la recaudación del IRPF y del IVA y mayor autonomía fiscal. Sin embargo, Moncloa reconoce que el sistema tiene lagunas y se compromete a estudiar su mejora a partir del próximo año.
Para el Ejecutivo catalán ello resulta insuficiente. Y esto es así porque el planteamiento de la Generalitat parte de una premisa distinta. Ya no se trata de tener más o menos participación en los tributos estatales, sino que ahora Cataluña quiere cobrar todos los impuestos y tener una Hacienda propia. El modelo que sirve de espejo es el concierto económico que rige en el País Vasco y Navarra. La Generalitat quiere acabar con el llamado déficit fiscal, es decir, los impuestos que pagan los catalanes y que no revierten en su territorio. Distintos estudios calculan el déficit fiscal en un 8% PIB catalán, lo que equivale a algo más de 16.000 millones. Sin embargo, la Comunidad de Madrid o Baleares también son aportadoras netas -pagan más de lo que recibe- y, según algunos estudios, contribuyen incluso más que Cataluña a la solidaridad interterritorial.
La Generalitat defiende que el trato discriminatorio que sufre Cataluña explica que el territorio haya perdido posiciones en el ranking de comunidades con mayor PIB per cápita. Actualmente se sitúa en cuarto lugar por detrás de Madrid. Que el País Vasco y Navarra, que gozan del concierto económico, lideren esta clasificación incrementa todavía más el anhelo catalán para tener una financiación parecida.
En el pulso que Generalitat y Gobierno central mantendrán durante los próximos meses existe un factor que juega a favor de Moncloa. El Gobierno catalán tiene los mercados financieros cerrados y precisa de la ayuda del Estado central para poder cumplir sus obligaciones de pago. Rajoy garantizó a Mas que la Generalitat contará con recursos del fondo de liquidez autonómico. Sin ellos, los impagos del Ejecutivo catalán se dispararían.
